En plena tensión negociadora entre estibadores y el Gobierno se conoció este jueves la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a varias empresas y sindicatos del Puerto de Vigo por prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la estiba. El expediente afecta a los sindicatos UGT, CCOO y Confederación Intersindical Galega (CIG); y a las empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima. La infracción consistiría, explicó la CNMC, "en la firma o aplicación, por parte de estas entidades, de un pacto extraestatutario firmado en el año 1996, para la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria".

El organismo recordó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Pese a ello, llega en un momento caliente que azuza a la representación laboral a aceptar un nuevo marco legal en el que las futuras relaciones laborales del sector se plasmen en convenios de empresa de duración limitada.

LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO

Al margen de este frente legal, el Ministerio de Fomento realizó este jueves un "llamamiento" a los sindicatos y la patronal de la estiba para que "se sienten a dialogar lo antes posible", una salida para el sector acorde con la legislación europea. La única muestra de buena voluntad ha sido posponer la aprobación del decreto ley marco hasta dibujar un convenio colectivo consensuado.

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna apela de nuevo a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios que deben garantizar la aprobación definitiva de ese marco legal. Esa falta de consenso político es la que realmente ha impedido su aprobación.

EL PAPEL DE CIUDADANOS

Incluso en fuentes de la Coordinadora, que concentra buena parte del protagonismo sindical de la negociación, se ha reconocido el papel relevante del partido Ciudadanos a la hora de ganar una semana en la negociación. El Ministerio de Fomento insiste en que en esa nueva negociación ya no participará, a la espera de que se defina un convenio colectivo que incluya las reivindicaciones de los sindicatos del ramo que no tienen cabida en el texto legal marco, porque no lo permite Europa, que es quien debe validar la reforma.

Entre estos aspectos figuran la petición de un registro de trabajadores, la subrogación de los estibadores por las empresas y garantías para su formación.

LA PROPUESTA DE FOMENTO

El Ministerio asegura que el real decreto Ley ya "incorpora todos los elementos posibles para flexibilizar la norma a favor de los trabajadores". Así recuerda que contempla un periodo transitorio de tres años, el reconocimiento de su formación y la garantía de indemnización respetando toda antigüedad en caso de despido.

Fomento remarca una vez más que la reforma parte de la necesidad de cumplir con la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así que el Tribunal de Justicia de la UE imponga a España una sanción