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La evolución del sistema financiero español

Los cinco grandes bancos aceleran la venta de sus activos inmobiliarios

CaixaBank espera colocarlos en cuatro ejercicios y Banco Sabadell va más retrasado por la CAM . Santander, BBVA y Bankia prevén liquidar en tres años los adjudicados que engrosan sus carteras

P. ALLENDESALAZAR. / M. J. BOTÍAS
06/08/2017

 

El mercado inmobiliario comenzó a dar signos de recuperación en el 2014 de forma paralela a la vuelta de la economía española al crecimiento. Desde entonces, su actividad ha ido aumentando y este año, coincidiendo con una expansión del PIB mayor de la esperada, está superando las expectativas de los analistas. Una tendencia de la que se están aprovechando los grandes bancos, que han acelerado la venta de activos inmobiliarios y acortado los plazos en los que esperan concluir la pesada digestión de ladrillos recibidos en pago de deudas durante la crisis.

El conjunto del sector cerró el año pasado con unos 80.000 millones en activos adjudicados (equivalentes al 7,1% del PIB y de los que en torno al 80% están en manos de las cinco grandes entidades), tras lograr por segundo año consecutivo vender más (el 14,9% del estoc) de los que recibió (12,3%). La agencia de calificación Fitch certificó esta misma semana que la «mejora del entorno económico» ha permitido a los bancos «incrementar» las ventas en el primer semestre.

La firma destacó también que los cincos grandes «quieren acelerar» las transacciones y auguró que la buena evolución del mercado se mantendrá en la segunda parte del año. Eso sí, advirtió de que el «excepcional legado de activos problemáticos» es todavía grande y aún «llevará un tiempo» digerirlo. «Las ventas minoristas es probable que aumenten a medida que la economía vaya mostrando síntomas de mejora, pero la competencia para vender grandes carteras a inversores institucionales permanecerá alta», añadió.

PLAZOS SIMILARES / El Santander, que tras la compra del Popular tiene 27.048 millones en activos inmobiliarios en España (con unas provisiones para afrontar sus pérdidas equivalentes al 59% de ese valor), prevé reducirlos a «niveles poco relevantes en un periodo inferior a tres años, si bien este puede ser significativamente más corto». Así, esta semana ha anunciado que negocia con el fondo Blackstone la venta de una participación mayoritaria en los adjudicados del banco adquirido, operación en la que no prevé lograr plusvalías significativas.

El BBVA, que tiene 14.318 millones (cubiertos en un 61%), se ha marcado un plazo similar. «Tenemos una estrategia de acelerar las desinversiones. Esperamos vender la totalidad en unos tres años. En el primer semestre hemos ido más rápido de lo previsto gracias a las transacciones mayoristas», apunta su consejero delegado, Carlos Torres Vila.

También Bankia confía en bajar los adjudicados «a niveles técnicos en los próximos tres años», según su consejero delegado, José Sevilla. La entidad tiene un nivel bajo de estos activos, 3.259 millones (con provisiones del 34%), gracias a que traspasó la mayoría –y peores, de ahí la menor cobertura– al banco malo Sareb en el 2012 como parte de su rescate.

En CaixaBank, que cuenta con 12.346 millones (49% de cobertura), se habla extraoficialmente de que la limpieza puede estar concluida en unos cuatro años. «Tanto en el primer trimestre del año como en el segundo hemos tenido de media una plusvalía del 15% sobre el valor al que tenemos contabilizados estos activos (gracias a las provisiones)», expone su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El Sabadell también acaba de dar por cerrado el incremento de la cobertura, con lo que las ventas que realice desde ahora dejarán de arrojar pérdidas y pueden dar beneficios. Pero tiene una cartera de adjudicados elevada para su tamaño (13.181 millones con un 47% de cobertura) por las compras que ha realizado en los últimos años, particularmente la de la CAM, con lo que tardará más tiempo en reducirlos.

La entidad presentó en febrero un plan de reducción de activos problemáticos (17.458 millones en adjudicados y créditos morosos) para colocarlos por debajo de los 10.000 millones en el 2020. El objetivo respecto a los inmobiliarios es reducirlos a la mitad en el ejercicio 2020.