En la agenda que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT van a desarrollar este año ocupa un lugar destacado todo tipo de medidas para acabar con la discriminación entre mujeres y hombres. Este asunto atravesará los foros y mesas de negociación de las centrales con las organizaciones empresariales y el Gobierno al considerar impropio que en el siglo XXI las mujeres aún sean las más perjudicadas en materia de salarios, jornada laboral o ayudas a la maternidad y la conciliación.

La estrategia sindical tiene varios frentes y uno de ellos es sumarse al paro internacional de mujeres convocado en todo el mundo por diversas organizaciones del movimiento feminista para el próximo 8 de marzo. Aunque la idea surgió en el 2016 como respuesta a la "violencia social, legal, política, moral y verbal" contra las mujeres, es el primer año en que las centrales españolas van a dar no solo su respaldo, sino cobertura legal a quienes quieran secundar el paro. Se trata de que la huelga la convoquen también los sindicatos, sensibilicen e informen de ella en los centros de trabajo y respondan por las mujeres y los hombres en caso de represalias de las empresas.

Este lunes, las responsables de las secretarias de la Mujer Elena Blanco, (CCOO) y Cristina Antoñanzas (UGT), anunciarán la duración de dicho paro (unas horas o una jornada) y otras movilizaciones y propuestas que tomarán tras coordinarse con las organizaciones feministas. Los líderes Unai Sordo y Josep Maria Álvarez asistirán a la rueda de prensa para respaldar la campaña de las sindicalistas.

Juntos y por separado los dos sindicatos van a desplegar acciones de sensibilización. Con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo en las últimas décadas, han aflorado las brechas que inclinan la balanza de la desigualdad hacia ellas: los salarios, el empleo y los derechos como trabajadoras.

En la reunión que la semana pasada celebró el consejo confederal de CCOO, Sordo ya anunció la celebración de paros laborales el 8 de marzo para denunciar "la violencia machista, la brecha salarial, la precarización del empleo, la segregación ocupacional y la desigualdad económica y social".

Trabajar gratis

UGT por su parte ha vuelto a lanzar la su campaña de sensibilización contra el tiempo de más (aproximadamente dos meses al año) que las mujeres europeas trabajamos gratis en vista de la brecha salarial, que en España roza el 15%, lo que tendrá repercusiones en las futuras pensiones.

Las medidas contra la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral deben pasar este año, según las centrales, a la negociación colectiva y adquirir forma de ley. En este sentido UGT propondrá que una ley obligue a las empresas a hacer públicos los sueldos de los hombres y las mujeres para evitar la brecha.

Publicar los sueldos

Esta medida, ya vigente en otros países europeos, tiene que sortear en España la dificultad de que el tejido empresarial está formado en un 90% por pymes en las que escasea la representación sindical. El problema es determinar qué empresas estarían obligadas a facilitar estos datos y a quién en caso de que no haya delegados sindicales.

Alemania e Islandia han adoptado iniciativas legislativas en este sentido. En el primero caso se obliga a las empresas alemanas de más de 250 trabajadores a publicar los salarios de hombres y mujeres y a equipararlos. En el segundo, por la que UGT se inclina, la publicidad es obligatoria para todas las emprsas de más de 25 empleados y tienen que demostrar que cumplen con la igualdad porque de lo contrario serán sancionadas.

La respuesta de Mariano Rajoy el pasado jueves --"No nos metamos ahora en eso", dijo cuando le preguntaron sobre si el Gobierno va a legislar para reducir las diferencias en las retribuciones-- causó indignación en amplios sectores políticos y sociales y dio más fuerzas al movimiento cara al 8 de marzo. El Jefe del Ejecutivo se quitó un tema de encima al mismo tiempo que en el Foro Económico Mundial de Davos un panel de debate formado exclusivamente por mujeres reclamaban su sitio en todos los ámbitos de poder.

Las escasas decisiones del Gobierno

La respuesta de Mariano Rajoy el pasado jueves -"No nos metamos ahora en eso", dijo cuando le preguntaron sobre si el Gobierno va a legislar para reducir las diferencias en las retribuciones— causó indignación en amplios sectores políticos y sociales y dio más fuerzas al movimiento cara al 8 de marzo. El Jefe del Ejecutivo se quitó un tema de encima al mismo tiempo que en el Foro Económico Mundial de Davos un panel de debate formado exclusivamente por mujeres reclamaban su sitio en todos los ámbitos de poder.

En materia laboral el Ejecutivo del PP apenas ha dado pasos en pro de la igualdad. Hace más de un año que Francia aprobó una ley de de horarios para facilitar la conciliación y reducir carga de doble jornada (laboral y doméstica) que pesa sobre las mujeres. El Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, decidió que esta era una cuestión del ámbito de negociación entre empresas y trabajadores y eludió elaborar una ley marco.

En materia de pensiones, Báñez ha sido más sensible aunque solo con las madres que han compatibilizado su carrera laboral con la materinidad. Desde el 1 de enero del 2016 las trabajadoras con dos o más hijos reciben, cuando pasan a la jubilación, un complemento de entre el 5% y el 15% de su pensión.