La Comisión Europea considera que los 440 millones de euros en subvenciones concedidas desde el 2007 por España para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes podría vulnerar la normativa europea sobre ayudas de Estado. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha decidido abrir una investigación en profundidad al considerar que hay elementos que apuntan a una vulneración de las reglas.

«Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal», explicó ayer Vestager, a través de un comunicado.

El régimen en cuestión se puso en marcha en el año 2007. Las autoridades españolas introdujeron este esquema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años, es decir, 8.750 euros por megavatio al año.

El Gobierno español, por aquel entonces con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza del Ejecutivo, no notificó la puesta en marcha del régimen al que se han acogido desde su creación 14 centrales de carbón españolas, que han recibido más de 440 millones de euros en ayudas públicas y con pagos que continuarán hasta el año 2020. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, actualmente hay una docena de centrales que siguen beneficiándose del esquema de incentivos medioambientales aunque han eludido concretar cuáles son esas centrales térmicas por motivos de confidencialidad.

Respuesta del ministerio / Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de su responsabilidad de cumplir con las normas de medioambiente, utilizando dinero del contribuyente, porque supondría vulnerar el principio de quien contamina paga y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal. La Comisión proseguirá ahora su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. Si la conclusión de Bruselas es que el esquema es ilegal, podrían exigir a España la recuperación de todas o parte de las ayudas concedidas. Por su parte, el Ministerio de Energía respondió que estas ayudas se financian con cargo al sistema eléctrico y no a los presupuestos del Estado, y subrayó que cuando se crearon respetaban la regulación de la Unión Europea (UE). Fuentes ministeriales recalcaron que el Gobierno está dispuesto a continuar con este mecanismo de apoyo.