Vivieron a todo trapo y ayer les sacaron los colores. El juez Fernando Andreu y el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, se emplearon a fondo con los primeros 10 exconsejeros de Caja Madrid que ayer abrieron la ronda de interrogatorios por el uso de las tarjetas black u opacas fiscalmente. Todos ellos sostuvieron que este producto era legal y admitieron que no declararon sus gastos al erario. También alegaron que este dinero de plástico formaba parte de su retribución, era un incentivo, o servía para hacer frente a sus gastos de representación o personales. El uso de estas tarjetas b se generalizó cuando Miguel Blesa llegó a la presidencia de Caja Madrid y les animó a gastar y gastar, según explicó Pedro Bedia, sindicalista de CCOO, que contó que le llamaban de la entidad porque tiraba "poco" de tarjeta.
Por si el malo rato no fuera suficiente, el fiscal les comunicó que quería que devolvieran junto a Blesa y Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, los 15,5 millones de euros que gastaron con estas tarjetas entre 1999 y el 2012. A los expresidentes ya se les ha impuesto una fianza civil por esta cantidad que ahora se repartirá entre todos los exconsejeros, salvo algunas excepciones, las de los exmandos que solo emplearon sus tarjetas en gastos de representación. El margen con el que jugaban era muy amplio, ya que podían pagar con ellas desde libros, hoteles, restaurantes, hacer regalos a terceros, o comprar ropa (porque se les aconsejó que acudieran a los consejos de administración vestidos con traje y corbata).
Los exmandos de Caja Madrid explicaron que la vida de las tarjetas black, denominación desconocida para la mayoría de ellos y de la que se han enterado por este proceso, tuvo dos etapas. Bajo el mandato de Jaime Terceiro se les indicó que debían usarlas para gastos de representación, pero se les recomendó un uso "prudente".
SIN CONDICIONES
Después, en la etapa de Blesa, se abrió la mano y las condiciones, ya que la única exigencia que se les impuso era que no podían superar los límites mensuales y anuales que el expresidente les había asignado en "función de los cargos y de la dedicación", según José Antonio Moral Santín, de IU.
Este imputado fue uno de los que peor lo pasó en su comparecencia judicial y se enredó más de la cuenta para intentar explicar en qué gastó los más de 400.000 euros de su tarjeta, la mayor parte en salidas en efectivo del cajero automático que empleaba, por ejemplo, en abonar las reparaciones de su automóvil. Andreu, según fuentes presentes en la declaración, no pudo lograr que le concretara si estos gastos eran de representación o personales, así que concluyó: "Era un batiburrillo".
Otro exalto cargo como Rodolfo Benito, representante de CCOO, admitió que siguió usando su tarjeta hasta tres meses después de dejar su cargo. Y es que esta práctica formaba parte de "los usos y costumbres" de Caja Madrid, que les compensaba de este modo hasta que los reubicaba en una entidad participada del banco. Estas tarjetas, según Moral Santín, formaban parte de un paquete más amplio para llevar su vida a todo tren. Caja Madrid también les facilitaba un seguro médico, les pagaba dietas por asistir a los consejos y contaban con una línea de crédito personal. Y todos estos privilegios los obtenían por una relación estatutaria y no laboral.
La mayoría de los consejeros aceptó la relación de gastos que se les presentó excepto los socialistas José María Arteta (178.400 euros) y Ramón Espinar (139.000 euros), que impugnaron la auditoría realizada por el actual equipo de Bankia. Por su parte, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán prefirió mantener la boca cerrada y se negó a declarar.
INSTRUCCIONES VERBALES
Otro aspecto en el que coincidieron los usuarios de este dinero de plástico fue en defender su legalidad. También admitieron que ninguno comprobó que Caja Madrid comunicara a Hacienda estos gastos porque lo daban por supuesto. Y reconocieron que no hay nada escrito sobre el uso de estas tarjetas porque las instrucciones se las dieron verbalmente.
El fiscal no reclamó que se imponga ninguna fianza civil a los sindicalistas de CCOO Juan José Azcona y Rodolfo Benito ni a Gonzalo Martín Pascual (UGT) ni a Guillermo Marcos, expresidente de Unipyme, al sospechar, salvo ulteriores comprobaciones, que usaron su tarjeta en gastos de representación. El juez tomará una decisión cuando terminen de declarar los 17 imputados que aún deben comparecer.
