La subida salarial del 1,75% prevista para los funcionarios y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 se aplicará "de forma inmediata" y previsiblemente se reflejará en la nómina de este mes de julio, aunque podría retrasarse hasta finales de verano. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Política territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras su primera reunión con los sindicatos, que ha asegurado que el departamento que lidera ya ha dictado las instrucciones para que los distintos ministerios acometan los incrementos salariales pactados el pasado mes de marzo entre el anterior Gobierno del PP y los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

De este modo, los empleados públicos verán próximamente actualizadas sus nóminas con el incremento del 1,5% fijo acordado con las centrales y el 0,25% variable, además de los atrasos correspondientes a los porcentajes de sueldos perdidos en el primer semestre del año, que solo aumentaron un 1%, lo que supondrá una subida de 211 euros de media.

Además, Batet ha adelantado que se incluirán unos fondos adicionales del 0,20% de la masa salarial, cuyo fin deberá ser negociado en las mesas de diálogo con los sindicatos y que espera que "culminen el próximo otoño". Asimismo, la ministra ha asumido el "compromiso" recogido en el citado acuerdo, que fue publicado en el BOE el 26 de marzo, que incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (PIB) y el cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.

Por otro lado, la intención del Gobierno es aprobar el próximo 27 de julio la oferta de empleo público correspondiente al 2018, incluidas las plazas para estabilizar el empleo interino, aunque no ha concretado el número de plazas.

Si bien los representantes de los sindicatos de Función Pública (CCOO, UGT y CSIF) se han mostrado "satisfechos" por la disposición mostrada en la reunión por parte del Gobierno, han reclamado a la ministra que implemente las medidas recogidas en los acuerdos suscritos con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y se pongan en marcha cuanto antes las cuestiones acordadas en el II Acuerdo para la mejora del Empleo Público, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018. Entre las reivindicaciones destaca la ampliación del permiso de paternidad, el impulso de una bolsa de horas para mejorar la conciliación laboral de los empleados públicos y una jornada semanal de 35 horas.