El fondo de reserva, lo que queda del préstamo del Estado de junio y las cuotas de la Seguridad Social son las fuentes de financiación este mes de diciembre de las pensiones y la paga extra de los 8,6 millones de pensionistas. En total, esta nómina asciende a 17.470 millones de euros. De la llamada hucha de las pensiones, el Gobierno ha sacado 3.586 millones de euros y del crédito ha tomado los 4.206 millones que quedaban tras afrontar los pagos de julio. El resto, aportado por las cotizaciones sociales, suma 9.678 millones.
Además de la paga ordinaria y la extra, en diciembre la Seguridad Social incorpora la parte que incluye el IRPF de los pensionistas.
Como anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la Seguridad Social ha tirado del fondo de reserva de las pensiones y del préstamo para afrontar estos pagos puntualmente y así seguirá haciéndolo mientras haya fondos en la hucha. Al fondo de reserva le quedan 8.095 millones de euros a día de hoy, lo que supone el 0,73% del producto interior bruto (PIB), aunque su valor de mercado es de 8.094 millones, el mismo porcentaje del PIB.
El aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, que hasta octubre acumulaba un crecimiento del 5,13%, no basta para abonar las más de 9,5 millones de prestaciones a los 8,6 millones de pensionistas que hay. De ahí que el Gobierno haya recurrido a los remanentes a su disposición.
PROHIBICIÓN / Esta decisión ha sido duramente criticada por UGT, que tiene previsto exigir al Pacto de Toledo que prohíba al Gobierno endeudarse indebidamente. Para este sindicato, «no hay justificación alguna» para que el sistema de prestaciones públicas se endeude pagando las pensiones con créditos en lugar de aportar los fondos necesarios mediante transferencias del Estado, vía Presupuestos Generales. Ante este argumento, el Gobierno contrataca recordando que las leyes presupuestarias de los años 1994 a 1999 ya incluyeron cláusulas similares. Además, los 10.192 millones del préstamo de junio no devengan intereses y tienen un plazo de cancelación de 10 años a contar desde el 2018.
UGT acusa directamente al Ejecutivo de endeudar conscientemente al sistema, ya que la Seguridad Social paga gastos que no le corresponde, como políticas de fomento de empleo y administración y gestión, entre otros, que suman 13.000 millones de euros anuales.
A mediados de los 90, el Gobierno socialista tomó una decisión similar de afrontar el pago de las pensiones con un crédito; entonces fue acusado por el PP, en la oposición, de «quebrar» la Seguridad Social, recuerda UGT. Está central señala que tan quebrada estaba entonces como ahora y pide al Gobierno que no le cargue gastos que no le corresponden o que al menos sufrague el déficit actual con una transferencia de recursos.
En todo caso, UGT remacha que la actual situación del sistema de protección tiene su origen en la precarización del mercado laboral que ha dejado la reforma del 2012, con la consiguiente rebaja de salarios y de las cuotas. Al mismo tiempo, señala el sindicato, se mantienen una «injustificada y anacrónica» exención de la cotización de los salarios más elevados que «merman indebidamente» los ingresos y que cifra entre 5.000 y 7.000 millones de euros.
El sindicato, además, indicó que el Gobierno mantiene un sistema de financiación basado en endeudar, cargando a la Seguridad Social con gastos que no le corresponden y consumiendo el fondo de reserva para fomentar los planes privados de pensiones. Por ello, la central plantea medidas que supondrían una reducción de gastos y un aumento de ingresos de entre 18.000 y más de 20.000 millones de euros, que harían desaparecer el déficit de la Seguridad Social.
A finales de 2017, el agujero de las pensiones representará aproximadamente la mitad de todo el déficit del Estado y será el principal reto presupuestario que haya que abordar. Sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos años se empezará a jubilar la generación del baby boom.
