Nueva propuesta polémica del Banco de España. Su gobernador, Luis María Linde, planteó ayer en el Congreso la posibilidad de retrasar la edad de jubilación e impulsar los planes privados de pensiones para lograr que el sistema público de prestaciones de jubilación sea sostenible en un contexto de envejecimiento de la población, algo que afirmó que está en riesgo a medio y largo plazo incluso si se alcanzase el pleno empleo. La edad legal de retiro está ahora en 65 años y cinco meses y llegará a los 67 años en el 2027, si bien la edad media real se situó en el 2016 en los 64,1 años por las jubilaciones anticipadas.

La opción de retrasar la edad de retiro más allá de los 67 años, argumentó Linde, «podría estar justificada por el incremento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, las menores necesidades físicas requeridas por la mayoría de los trabajos en la actualidad y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas». Por ello, defendió «cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años».

OTROS MODELOS / Algunos países, continuó, han optado por incluir un «enlace automático entre la esperanza de vida y la edad a la que se permite la jubilación», como el Reino Unido. Y otros han apostado por un sistema de «cuentas nocionales de contribución definida» (el trabajador aporta fondos durante toda su vida laboral a esa cuenta y su pensión se calcula en función de lo aportado), como Suecia.

Asimismo, sostuvo que la cuantía de las pensiones será previsiblemente «cada vez más baja», por lo que «se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación» para complementar los recursos del sistema contributivo público. Es decir, «promover mecanismos que fomenten el ahorro de los que pueden ahorrar» y que este sistema sea de «gestión pública, privada o mixta».

Pero para ello, admitió, habría que reformar los actuales planes de pensiones complementarios, pues a su juicio no son «eficientes» y resultan «caros». También habría que estudiar distintos aspectos, como si sería voluntario u obligatorio, si resultaría rentable o el coste que supondría.

Linde quiso subrayar que el Banco de España solo quiere plantear a los parlamentarios que estudian el problema de la sostenibilidad futura de las pensiones las distintas opciones que tienen desde un punto de vista puramente técnico. Sin embargo, en su discurso vino a deslizar que la institución ve mejor unas opciones que otras. Así, alertó de los efectos perniciosos que podrían tener sobre la economía las medidas encaminadas a incrementar los ingresos del sistema.

los costes laborales / Aumentar las cotizaciones sociales, advirtió, tendría «efectos negativos» en el empleo, cuando además ya son más altas en España que en otros países europeos. La eliminación de los topes máximos de cotización que estudia el Gobierno, continuó, también supondría una «fuerte elevación de los costes laborales».

Tampoco se mostró muy partidario de que las cotizaciones sociales sirvan solo para pagar las pensiones contributivas de jubilación y que del resto se hagan cargo los presupuestos del Estado. Ello obligaría, advirtió, a aumentar los impuestos o a reducir gastos públicos, algo que debería hacerse de la forma «menos distorisionadora posible para el crecimiento». En este punto, destacó que España tiene un mayor peso de los impuestos directos que de los indirectos que en otros países europeos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acudió por sorpresa a la comisión del Pacto de Toledo para preguntar al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, sobre la imputación de exaltos cargos del supervisor, como su antecesor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por Bankia. Sin embargo, la presidenta de la comisión, la popular Celia Villalobos, se lo impidió. «El ámbito para hablar del Banco de España es la Comisión de Economía», le afeó Villalobos.