Pese a la brutal crisis financiera que ha asolado Europa en la última década, los casos en que los clientes bancarios no han podido retirar sus dinero de entidades con problemas han sido anecdóticos gracias a los rescates con dinero público. Sin embargo, esa situación puede cambiar la próxima vez que se produzca la debacle de un banco. Es lo que pretenden desde hace tiempo la Comisión Europea y las autoridades de supervisión y resolución bancarias comunitarias, como volvió a quedar de manifiesto hace unos días. Y ello pese a la total oposición del sector financiero y del mercado, que alertan del efecto contraproducente que pueden provocar esos corralitos.
El Ejecutivo comunitario presentó el pasado miércoles un paquete de propuestas a los Estados para culminar la creación de la Unión Bancaria. Entre otras medidas, insistió en su apuesta por "armonizar" la normativa sobre las "herramientas de moratoria" (como se conoce en lenguaje técnico a la capacidad de decretar corralitos, que solo está disponible en algunos países) en vista de la "experiencia reciente".
Bruselas se refería así a la crisis del Popular, que perdió 18.000 millones en depósitos entre el cierre de marzo y su intervención el 7 de junio. Esta fuga de depósitos obligó a las autoridades europeas a actuar en la madrugada de un martes a un miércoles, cuando la normativa comunitaria establece que es mejor esperar al fin de semana.
De cinco a 20 días
Para evitar este tipo de situaciones, la Comisión Europea propuso en noviembre del 2016 que las autoridades de resolución bancaria nacionales (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, en el caso español) tras consultarlo con las europeas (la Junta Único de Resolución, JUR) puedan imponer un corralito de hasta cinco días laborables a entidades con problemas. Eso sí, quedaría excluido el dinero cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (ahorros minoristas de hasta 100.000 euros).
La propuesta, en que insistió la semana pasada, se negocia en el Parlamento Europeo y entre los Estados. El objetivo de Bruselas es que haya un acuerdo "a mediados del 2018, como tarde". En julio, la presidencia de turno de la Unión Europea, ejercida por Estonia, propuso que la moratoria pueda ser de cinco días laborales, ampliables a 20 días en casos excepcionales, e incluyendo los depósitos garantizados. Solo se permitiría a los depositantes retirar una cantidad limitada.
Riesgo de fugas
Las dos grandes patronales financieras europeas, la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, en inglés) y la Federación Bancaria Europea (EBF, en inglés), se oponen tajantemente. En una carta, las dos organizaciones han advertido a las autoridades de que "cualquier depositante asegurado o no que pueda verse afectado por la moratoria se verá incentivado a retirar sus depósitos al primer síntoma de peligro por temor a la perspectiva de quedarse por un tiempo sin acceso a su dinero". Además, añaden, "nada más levantarse la moratoria, el curso racional de acción para los depositantes será retirar sus depósitos de inmediato".
Las entidades temen que la capacidad de moratoria pueda dificultar y encarecer su financiación, ya que supone apartarse de los "estándares acordados internacionalmente". Un juicio que comparte Standard & Poor's. "La moratoria puede tener consecuencias indeseadas como potencialmente acelerar las retiradas de liquidez cuando un banco se encuentre bajo estrés. También puede poner a los bancos europeos en una posición de desventaja competitiva frente a sus iguales internacionales", apuntó hace unos días en un informe. Incluso el Banco de Inglaterra advirtió en julio que la medida podría tener "consecuencias muy serias", según un informe interno al que tuvo acceso 'Bloomberg'.
El Gobierno apoya la propuesta de la Comisión Europea
Al Gobierno español le “parece adecuada” la propuesta de la Comisión Europea de que las autoridades bancarias comunitarias puedan decretar una moratoria en la retirada de fondos de cinco días desde que un banco es declarado inviable, además de los dos días que ya prevé la directiva europea. “Una vez declarada la inviabilidad, es necesario un tiempo prudencial para hacer análisis del balance de la entidad y poder elegir la mejor estrategia de resolución posible: venta, banco puente, ‘bail-in’…”, argumentan fuentes del Ministerio de Economía.
Adicionalmente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, sostuvo el pasado junio que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) tiene un "problema importante", destapado por la intervención del Popular. Así, apuntó que iba a plantear al eurogrupo que el MUR y el Fondo Único de Resolución deben contar con un "mecanismo para proveer de liquidez a bancos que estén en un proceso de resolución". El fondo de resolución contará con unos 17.000 millones de euros a final de año.
