El juez Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros que usaron las tarjetas black de Caja Madrid para cubrir las posibles responsabilidades por el uso de este dinero opaco. El togado procederá al embargo de los bienes de estos exmandos si no hacen frente a las cantidades que les ha establecido a cada uno de ellos.
Las cantidades fijadas oscilan entre los 11.000 euros hasta los 610.000 que impone a José Antonio Moral Santin que gastó con la tarjeta opaca casi 400.000 euros, la mayoría de ellos en cajeros automáticos.
Andreu, en su resolución, recuerda que en la reunión del consejo de administración de Caja Madrid de 30 de octubre de 1995 el que era entonces presidente de la entidad Jaime Tercero (que ha declarado como testigo) informó a los miembros de este organismo de la "entrega de tarjetas Visa exclusivamente para gastos de representación”.
Estas tarjetas, según el magistrado, respondían única y exclusivamente para que los consejeros efectuaran los pagos de gastos generados por labores propias del cargo que ostentaban. Y recoge, las explicaciones que le facilitó Terceiro sobre los controles que pasaban estas tarjetas así como que las mismas tenían un límite de gasto de 600 euros mensuales.
Estas condiciones cambiaron cuando llegó a la presidencia Miguel Blesa que generalizó su uso. En la resolución se incluyen las explicaciones dadas por estos usaros. Para el togado estas personas, a pesar de haber recibido instrucciones verbales sobre el uso de las tarjetas “debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban”.
El juez rechaza que este medio de pago se pueda encuadrar como una retribución o complemento retributivo como han defendido estos beneficiarios. Por ello, sostiene que este dinero de plástico eran " tarjetas de empresa” que los exconsejeros usaron en su propio beneficio.
Andreu llega a estas conclusiones tras oír las explicaciones del exnúmero dos de Bankia, Francisco Verdú, quien aseguró que rechazó este medio de pago porque durante su trayectoria profesional no había conocido que se pudiera tirar de tarjeta sin justificar sus gastos.
El magistrado imputa a estos consejeros un un delito continuado de administración desleal que sanciona a los administradores de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. E incluye la posibilidad alternativa de considerar estas conductas como apropiación indebida.
Por último, Andreu destaca que existen cargos en estas tarjetas efectuados en fines de semana o festivos, en artículos o productos que en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.
