Poner freno al disparatado incremento de los precios del alquiler. Esa será la misión de la nueva ley aprobada por el Gobierno alemán, que impulsará medidas para revertir una situación preocupante para el ciudadano de a pie. «Fortaleceremos los derechos de los arrendatarios, los protegeremos de la presión y pondremos límites a las consecuencias financieras de las mejoras que se hagan en los edificios», apuntó la ministra de Justicia, Katarina Barley.

Así, se establece que el dueño de un piso no podrá aumentar el precio más de tres euros por metro cuadrado tras haber realizado mejoras en la vivienda. El Gobierno sancionará a aquellos que pretendan expulsar a sus arrendatarios bajo el pretexto de una reforma del piso, prohibiendo así que se anuncien o ejecuten obran destinadas a presionar a los inquilinos. La multa por incumplimiento puede llegar hasta los 100.000 euros mientras que los arrendatarios tendrán derecho a una indemnización.

Esa estrategia se ha convertido en una lacra en barrios de moda de las grandes ciudades, como Kreuzberg o Friederichshain en Berlín, donde las inmobiliarias buscan quitarse de encima los antiguos contratos para incrementar los precios y obtener así un mayor beneficio, un gesto que exacerba la gentrificación de los centros urbanos y expulsa a las rentas bajas del centro. A pesar de esas medidas, la Asociación Alemana de Arrendatarios cree que no son suficiente y ha exigido que los precios del alquiler se limiten más estrictamente.