El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA, comienza a aplicarse este viernes de manera provisional como cimiento legal del futuro de la política comercial comunitaria. La entrada en vigor llega envuelta de suspicacias, dudas, críticas y acusaciones de falta de legalidad.

En el marco de la campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TiSA', Ecologistas en Acción considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si es compatible con el derecho comunitario. Los opositores al acuerdo comercial advierten de que en materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes en cada país.

Instrumento legal

Para la Comisión Europea, el CETA engloba las líneas maestras de la política comercial comunitaria: "Un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar forma a las normas comerciales globales", dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker. El político luxemburgués insiste en que el pacto ha sido objeto de un escrutinio "en profundidad" en la Eurocámara que "refleja el aumento de interés de los ciudadanos en la política comercial", y confía en que a continuación lo aborden los parlamentos de estados miembros, que deben aún ratificarlo para que sea aplicado de manera integral.

Cuestiones pendientes

Bélgica plantéa cuatro cuestiones al TJUE, principalmente sobre la competencia del mencionado sistema de tribunales al margen de las cortes públicas. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace lamentó en un comunicado que Canadá tenga estándares de seguridad y etiquetado de alimentos "más débil" que el de la UE, y que su agricultura "dependa más" de pesticidas y cultivos modificados genéticamente, a pesar de que las autoridades europeas han insistido en que sus normativas al respecto no se verán comprometidas por el acuerdo. En paralelo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) aseguró que el texto final del CETA "no está completamente en línea con nuestras expectativas", especialmente en lo que se refiere a servicios públicos, protección de las inversiones y derechos laborales, por lo que pidió activar la cláusula de revisión del capítulo sobre desarrollo sostenible del acuerdo.