El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, llegó detenido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al filo de las tres de la tarde, escoltado por tres agentes y con el rictus serio, y salió doce horas y media después, a las tres y media de la madrugada, en dirección a los calabozos de la Benemérita en dicha localidad. “Esto es un show desde todos los puntos de vista que le hace mucho daño. La imagen que deja para el deporte no es la mejor, con los guardias civiles vestidos casi para entrar en combate y entrando con él en la sede de la RFEF”, subrayan a TIEMPO desde el Centro Superior de Deportes (CSD), el órgano público desde el que salieron las denuncias que han puesto en la picota al mandamás del fútbol español en los últimos 29 años.

La llamada operación Soule arrancó en otoño del año pasado. El entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, entregó un prolijo escrito a la Fiscalía el 17 de noviembre, un día antes de su salida de este organismo público. Cardenal había adelantado una semana antes su dimisión, tras casi cinco años al frente del deporte español, una etapa en la que puso en cintura también otras poderosas federaciones como las de taekwondo, tenis y baloncesto. Su sucesor al frente del CSD, José Ramón Lete, amplió en febrero de este 2017 el escrito de acusaciones contra el máximo dirigente de la RFEF y ahora baraja pedir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la apertura de expediente disciplinario contra Villar para sacarle de la Federación si Pedraz no le envía a prisión provisional y este último se aferra a su cargo.

Esta investigación de la Audiencia Nacional es independiente de la que permanece abierta en un juzgado de Majadahonda en la que se investiga a Villar y otros altos cargos de la RFEF por el posible desvío de 1,2 millones de euros procedentes de una subvención pública del CSD para proyectos en países pobres de África y Centroamérica.

Camisetas, gestión de partidos amistosos, derechos de televisión y hasta la construcción de campos de césped artificial. Todo es un negocio y también una tentación. Por las empresas de los detenidos en la operación Soule pasaron algunas de las operaciones que se investigan. La Federación Española de Fútbol es un negocio de 94 millones de euros de ingresos anuales. Veinte millones se corresponden a derechos audiovisuales y 43 a publicidad e imagen. En este apartado se encuentra una de las operaciones más polémicas, como ha sido el contrato que se había firmado con el Grupo Santa Mónica Sports.

El contrato, sobre la exclusiva de explotación de derechos audiovisuales de los partidos organizados por la Federación y merchandising se liquidó en 2013. A pesar de dejar una deuda de 20 millones de euros con la Federación, esta decidió pagar una contraprestación económica a la empresa controlada por Jesús Samper, empresario murciano que también controlaba el equipo de la capital.