La vista oral para el desahucio de la ciudad deportiva del Córdoba se celebró en la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia, quedando vista para sentencia. El dictamen del juez no se hará público antes del próximo mes y medio, según estimaciones de fuentes del proceso consultadas por este periódico. En la vista compareció por parte de Tremon su director general, Andrés Gilabert, mientras que por parte de la entidad blanquiverde lo hicieron su presidente, Alejandro González, y el secretario del consejo de administración, Andrés Delgado. Como dato curioso hay que señalar que el Córdoba citó para las pruebas testificales, aunque finalmente no declararon, a Rafael Gómez Sánchez; a su yerno, el abogado Roque de Llano Iribarnegaray, y al mismo entrenador del conjunto blanquiverde, que en la actualidad es Jorge Romero Sáez.

Por un lado, Tremon solicita el desalojo de las instalaciones de Camino Carbonell, tras acreditar ser el dueño de los terrenos y no existir ningún contrato que vincule a la constructora con el Córdoba, tal y como justificó el pasado año, fallando a su favor el juez. Por el otro, el Córdoba continúa argumentando su vínculo con Rafael Gómez. La vista, que duró poco más de media hora, se resolvió de manera rápida y la sentencia que se ha de dictar no obstruye la posibilidad de entendimiento entre las partes para que el Córdoba continúe en las mismas.

De hecho, antes de la vista oral volvió a celebrarse un nuevo contacto entre las partes, sin acuerdo, después de la primera reunión para negociar un pacto, celebrada el pasado martes en Córdoba y de la que informó este periódico en su edición de ayer, lo que implica un reconocimiento por parte del Córdoba a Tremon como dueño de las instalaciones. Fuentes de la constructora apuntaron durante la jornada de ayer que en las próximas semanas continuará habiendo reuniones para intentar llegar a dicho acuerdo de alquiler. Tremon, que entiende que el canon por los terrenos en Camino Carbonell debe ser mucho más alto teniendo en cuenta el valor de mercado, bajó el precio hasta los 100.000 euros anuales, mientras que la entidad blanquiverde se quedó en 70.000 euros. Además, la constructora pide que el club pague por adelantado el 2018 y abonar el 2017, además de fijar el compromiso por tres años, es decir, hasta el 2019. Por su parte, el Córdoba quiere prolongar el contrato hasta los cinco o seis años, como mínimo. Este periódico quiso recabar la opinión de la entidad blanquiverde, que respondió que «todo está saliendo según lo esperado» y que «no se va a conceder ninguna declaración hasta que termine el proceso legal».

Por otro lado, desde Grupo Tremon remiten a la legalidad y a la disposición de acuerdo mostrada por su presidente, Hilario Rodríguez, manifestada a representantes del Ayuntamiento de Córdoba hace unos días.