Todavía se habla de Thierry Henry en Barcelona cuatro años después de que se marchara. Y no en los cenáculos deportivos, donde debiera por haber dejado un gran recuerdo en el club -inolvidables serán sus goles en el célebre 2-6-, sino en la Ciutat de la Justícia. Hablan de él los abogados. Como si fuera un caso ejemplar. Lo es para los letrados porque Henry marca la diferencia entre el criterio contable de prudencia y el criterio de uniformidad. Pueden ser tan distintos como los 90 millones que separan los 11,1 de beneficios que dejó Joan Laporta y los 79’1 de pérdidas que denunció Sandro Rosell.
El principio de prudencia, expuso el perito del Barça en la quinta jornada del juicio por la acción de responsabilidad, estima que las pérdidas se deben consignar cuando se conocen y los ingresos futuros hasta que se producen. A juicio del Barça, del catedrático Diego Prior, la venta de Henry se tramó en mayo del 2010 y como su valor se depreciaba (quedaban 6,9 millones pendientes de amortizar de su fichaje), debía sumarse en las cuentas de Laporta.
El principio de uniformidad establece que haya un mismo criterio. Marga Crous, la perito propuesta por los 17 directivos demandados, observó que el Barça consignó que Henry fue traspasado el 14 de julio; o sea, en el mandato de Rosell y quien debe asumir el gasto, más la prima final de 1,3 millones, igual que asume para sí el traspaso de Touré Yaya (ingreso de 30 millones), forjado antes del 30 de junio (por Laporta) y fechado el 2 de julio.
También Messi marca la diferencia. Todavía en el campo. Y en el criterio contable. El delantero no tiene ningún valor en los libros. Tampoco ningún canterano. Si se vendieran tendrían un valor positivo que se desconoce. «¿Cree que el Barça vale menos de cero?», le preguntó un abogado a Prior, para rebatir la teoría de que el patrimonio neto del club sea negativo. «No he hecho un informe de valoración», dribló el catedrático, cuyas tesis abonaron la reformulación de Rosell: la venta de Sant Joan Despí no se consumó, la prima de 12 millones de Mediapro no se la podía arrogar Laporta, la provisión de fondos para la sentencia de Sogecable era la correcta y los terrenos de Viladecans estaban bien depreciados.
Aberración para la fiscalía
La caballería -los 15 abogados de los demandados- saltó a continuación para defender el otro criterio. Como ya no se discute que Laporta acompañó sus cuentas con una auditoría, la perito Crous sostuvo que el expresidente las debía haber defendido en la asamblea de compromisarios, «y si estos no las aceptaban, que se reformularan». A su juicio, la primera auditoría reflejaba una «imagen más real» del estado del club. El contraste de los argumentos fue tan abismal -en Sant Joan Despí, la prima de Mediapro, presuntamente bien cobrada, y los terrenos de Viladecans, mal depreciados por ser posteriores- que ambos comparecientes harán un careo.
El remate vino con el complejo contencioso de Sogecable, por el confuso y largo cruce de ingresos y cuentas entre el Barça y las sucesivas compañías. Crous interpretó que Sogecable había dejado de emitir facturas en el 2007 y que las reclamó en el 2012. «¡Esto es una aberración, raya el delito! ¡Es para ir a la fiscalía!», clamó la economista, que se sintió «descolocada».
