Sandro Rosell hace casi seis meses que entró en prisión preventiva. Lo hizo el 25 de mayo después de ser acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol. Ayer, su abogado Pau Molins explicó en la emisora RAC1 la situación del expresidente del Barça. «Es una persona optimista y está bien, pero los seis meses pesan a cualquiera».

Molins dijo que cree que lo que está pasando con Rosell «es una perversión del sistema y un abuso de la figura de la prisión preventiva». Porque según el abogado «existen mil formas de llegar a la medida de prisión preventiva y de conseguir que no haya reiteración delictiva, huida o destrucción de pruebas. Por ejemplo, se le puede retirar el pasaporte o ponerle una pulsera».

Para el abogado, «el paso del tiempo debilita los argumentos de la jueza para mantenerlo en prisión», que según él no tiene razones jurídicas para dejar al expresidente azulgrana en Soto de Real. «Tiene que haber algo más, algún motivo oculto que no sale en las resoluciones judiciales, porque jurídicamente es insostenible», dijo

Molins también habló de lo que considera otra gran injusticia, los embargos, que han acabado afectado a toda su familia. «Le han embargado todo. La familia vive de la caridad del resto de la familia. Está todo embargado: cuentas corrientes, inmuebles.... Se han llevado incluso los coches para que la Guardia Civil pueda perseguir el delito. Y no se han puesto a dormir en su casa porque mira...», explicó.

Además, añadió que se trata de embargos desproporcionados porque «la cantidad embargada suma tres veces más de lo que le reclaman». «Lo argumentan en que hay que sumar multas, pero eso de las multas será si le condenan. Esos 15 millones no los ha reclamado nadie», sentenció.

El abogado explicó que «existen disparidad de criterios dentro de la justicia» y que esto dice «muy poco a su favor». En este sentido, comparó el caso de su cliente con el de Ignacio González y el de Villar, que acabaron saliendo de la prisión preventiva, el primero a los 7 meses y el segundo a los 6 días; algo que Molins considera como «lo normal», no como lo que pasa con Rosell.

La causa, que empezó hace seis meses con su detención, todavía no ha finalizado y eso no lo entiende el abogado, que asegura que «durante seis meses la jueza no ha investigado, no ha hecho ninguna diligencia y solo ha tomado declaración a una persona».