El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ve la posible existencia de una infracción penal por parte del Córdoba CF en la querella criminal interpuesta por Julián Hidalgo, propietario del videomarcador del estadio El Arcángel, por un presunto delito de apropiación indebida, cuyas diligencias previas se iniciaron ayer por la mañana.
Hidalgo acusa al club de resolver el contrato de gestión del videomarcador y las barras que también tenía contratadas "de manera unilateral" y de hacer uso de ambas. Así, el 25 de marzo de este año, según la querella y las diligencias previas a las que ha tenido acceso este periódico, requirió la entrega del mismo, negándose el club alegando "que (Hidalgo) tiene interpuestos dos procedimientos cambiarios" --contrajo una deuda con el club de unos 80.000 euros y le dio dos pagarés que no pagó, según fuentes de la causa-- y "por haber recibido orden de embargo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social". El querellante estima por el primer año (2013), estando el club en Segunda, 300 euros por partido, y una cantidad superior en Primera a razón de "la mitad de las ganancias por publicidad, que era lo que tenían pactado, y una serie de perjuicios, como la pérdida de la mercancía de las barras", según explicó el abogado de la querellante Mario Garrido. Como medidas cautelares pide el precinto del videomarcador o una fianza de 60.000 euros.
Ayer, la jueza le dio un plazo de 10 días al club --no asistió el vicepresidente Javier Jiménez, de viaje en México, donde Ecco Documática ya vendió su empresa-- para aportar los contratos de la que gestiona en la actualidad el videomarcador y las ganancias de los contratos publicitarios. De no alcanzarse un acuerdo, seguirá adelante el procedimiento. Este periódico trató de recabar la versión del club, quien se limitó a decir que "esto se resuelve en el juzgado entre las partes".
