En un pleno de la Diputación en el que la inmensa mayoría de los puntos se aprobaron por unanimidad, incluso algunas de las proposiciones de los grupos, hubo, sin embargo, varios asuntos en los que los ánimos de los portavoces de PSOE y PP llegaron a crisparse más de lo normal. En el que más, la reclamación a la Junta para que cumpla con lo recogido en la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y pague lo que, según Andrés Lorite, se adeuda a los municipios.

Pero antes de ello, fue el alcalde de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga, a quien se cedió la palabra para exponer su demanda, quien ya calentó un poco la sala de plenos. El primer edil de la Entidad Local Autónoma reclama al equipo de gobierno que cumpla con un compromiso que existía de la extinta Provicosa, para ejecutar 24 viviendas de protección oficial. A su juicio, al desaparecer la empresa, el nuevo ente creado, la Unidad de la Vivienda, debe asumir sus compromisos, pero dicho proyecto no se ha incluido en el presupuesto de la Diputación para 2017, motivo por el que ha presentado una alegación a las cuentas, que fue rechazada. Ruiz Madruga recordó todo el procedimiento y no descartó iniciar acciones legales contra la Diputación por tal incumplimiento. Desde el PP se apoyó al edil de Encinarejo y se reprochó al equipo de gobierno que no tengan prevista ninguna inversión en materia de vivienda.

Desde las filas del PSOE, tanto el presidente, Antonio Ruiz, como Salvador Blanco, se mostraron sorprendidos por dicha petición pública, pues señalaron que el día previo al pleno se había mantenido una reunión con el alcalde de Encinarejo en la que se manifestó el compromiso de buscar la fórmula para hacer realidad las viviendas, al margen de si es o no responsabilidad de la Diputación asumirlas.

Pero el momento más tenso se produjo cuando el portavoz del PP, Andrés Lorite, reclamaba el apoyo a la proposición de su grupo para que la Junta cumpliera los compromisos establecidos en la Patrica, que, según el PP, ha dejado de abonar a los municipios 550 millones de euros que podrían llegar a los 780 en el 2017. Por su parte, Salvaldor Blanco, por el PSOE, defendió la labor de la Junta asegurando que pese a la existencia de la crisis y los recortes del Estado, la Junta ha dotado a los pueblos andaluces de unos fondos que no existen en otras comunidades autónomas. Ambos grupos se reprocharon recortes, bien en en los fondos autonómicos (el PP al PSOE) bien en los planes provinciales (PSOE a PP), llegando el debate a calentarse hasta el punto de reclamar Blanco a su interlocutor que fuera más respetuoso. El presidente medió para pedir a todos que se respetaran.

El tercer punto con cierto enfrentamiento, aunque más leve, se generó a quejarse el PP de que en la constitución de la mesa para reinvidicar la conversión en Autovía de la N-432, no fue invitado el Gobierno central y sí la Junta. El presidente de la institución provincial señaló que solo se había convocado a los alcaldes y presidentes de diputaciones implicadas, pero que la delegada provincial de Fomento y Vivienda, Josefina Vioque, solicitó estar presente, como oyente, a lo que se accedió. Antonio Ruiz señaló que si el subdelegado lo hubiera pedido también habría asistido.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad una proposición en la que se contempla que la Diputación prestará apoyo y asesoramiento a los ciudadanos de la provincia que quieran reclamar la devolución de las cláusulas suelo, por medio de la Oficina Intermediación Hipotecaria y las oficinas de consumo.