El vecino afectado por la vaquería declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde julio de 2009, y a la espera de su cierre definitivo o traslado a otra zona del pueblo, que ya estaba aprobado desde 2012, lamenta que el Ayuntamiento colono "incumple" el convenio firmado para el cese de la actividad, pese a la imposición de multas coercitivas. Además, para el traslado de la explotación, se le daba un plazo de tres meses desde que el Consistorio resolviera concederle la licencia administrativa para la construcción de las nuevas instalaciones, y como fecha límite de la resolución el 30 de junio de 2011 o en su caso proceder al cese de la actividad.
