Los tres acusados por las facturas falsas reconocen los hechos

El juicio de las facturas falsas de Baena quedó ayer visto para sentencia tras llegar a un acuerdo la Fiscalía y las defensas de los tres acusados, dos funcionarios del Ayuntamiento y un empresario. Después de que estos reconocieran los hechos, el ministerio público rebajó la petición de penas de seis años de cárcel para cada uno a seis meses y un año de inhabilitación, con una responsabilidad civil conjunta de 10.000 euros por los delitos continuados de estafa en concurso medial con falsificación de documento mercantil y oficial. Sin embargo, la acusación particular mantuvo su petición de nueve años de cárcel y multa de 27.000 euros para los dos funcionarios. La rebaja de la Fiscalía se produjo al contemplar las atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas, por los nueve años transcurridos desde que comenzó el procedimiento. Según la fiscal, el retraso en llegar a juicio se ha debido a «causas no imputables a los acusados» y esto les ha provocado «sufrimiento» y que hayan estado «penando durante nueve años». La acusación particular, en cambio, lo rechazó y señaló que han sido los procesados, en su ejercicio del derecho a defensa, quienes han dilatado el proceso con recursos, pruebas y cuestiones previas. De su lado, las defensas insistieron en el «calvario» que han padecido los dos empleados municipales. Uno de ellos aseguró que «no hemos hecho nada» de lo que mencionó la acusación particular y el otro agradeció «la solución dentro de lo malo».