La empresa General de Estudios y Proyectos ha reiniciado las obras de la variante de la carretera A-331, que han estado paralizadas casi un año. Los trabajos han sido reiniciados ahora por parte de esta empresa que formaba parte de la anterior unión temporal (UTE). Las obras tenían un presupuesto de 7,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, se adjudicaron en mayo del año pasado a la UTE integrada por Isolux Corsán y General de Estudios y Proyectos y se pararon un mes más tarde.

La delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, Josefina Vioque, daba a conocer en septiembre pasado que la paralización de los trabajos obedecía a la entrada en concurso de acreedores de una de las empresas que conforman la UTE, en concreto Isolux-Corsán. Tras el temporal de lluvias, toma forma el anuncio de la delegada sobre la continuidad de las obras, y ahora ya se encuentran las máquinas trabajando en la zona de La Torca, en la intersección con la Vía Verde del Aceite. Hasta el momento las obras ya ejecutadas han consistido en el arranque de la totalidad del olivar por donde discurre la nueva infraestructura y se estaba acometiendo la colocación de las placas de hormigón de anclaje en diferentes zonas del trazado.

De esta situación se desprende que las empresas que componían la UTE se han puesto de acuerdo para que General de Estudios y Proyectos pueda continuar la obra, algo que de no resolverse hubiera obligado a disolver el contrato de adjudicación. Vioque destacaba en su día que «el dinero está disponible para su ejecución y es de sumo interés la continuidad y el cumplimiento de los plazos previstos para su ejecución». Esta infraestructura evitará el paso de los vehículos por el centro urbano, permitiendo conectar la Autovía del Olivar (A-318) a la altura de la rotonda de salida Lucena-Cabra con las localidades de Rute e Iznájar. La actuación inicialmente fue adjudicada en el año 2010, aunque no se inició debido a la crisis.

Según ha informado la Junta, la Consejería está reactivando intervenciones, priorizando las obras que se encontraban en ese momento en un nivel elevado de ejecución y las que representan un nivel significativo de rentabilidad social y económica. Para reactivar la actuación fue necesario solicitar nuevamente la autorización ambiental, que obtuvo el informe favorable en marzo del 2017.