El portavoz del grupo popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, cuestionó ayer que la asesoría jurídica de la Diputación tenga que asumir, «como ha establecido el presidente de la institución por decreto», la defensa de la vicepresidenta de la Diputación y del Consorcio de Bomberos, María Dolores Amo, en el caso que se investiga en los Juzgados por el presunto amaño de la convocatoria pública de plazas en el Consorcio de Bomberos. Lorite mostró sus dudas sobre si se puede entender que Amo realizara esas acciones constitutivas de un presunto delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones, del mismo modo que cuestionó «por qué la Diputación no se ha personado en el caso en defensa de los intereses generales de la ciudadanía» y sí por los «intereses particulares de Amo». Por otro lado, el portavoz del PP dio a conocer las 21 preguntas que se formularán a Dolores Amo en el pleno del próximo 18 de mayo. Según explicó, se centrarán en conocer el grado de responsabilidad del presidente del Consorcio, Antonio Ruiz, en la gestión de la convocatoria, en el desarrollo de las pruebas «en las que se pudieron producir 54 enchufes». También se le preguntará por qué la Diputación no se ha personado para que se investigue lo ocurrido.
