El Ayuntamiento de Fuente Palmera finalizará en diciembre del 2020 el abono de 158.000 euros a cuatro empresarios locales en virtud del cumplimiento de la sentencia dictada por un juzgado de Posadas el pasado 19 de enero contra el Consistorio colono.

La Corporación ha aprobado por unanimidad en el Pleno un convenio de pago que comenzará el 1 de junio con el importe de 21.826 euros en concepto de intereses legales. Los restantes 136.082 euros, correspondientes a la cantidad principal (127.355 euros) y al 50% de las costas judiciales (8.726 euros), se abonarán en 24 cuotas de 5.670 euros desde enero del 2019 a diciembre del 2020, estableciéndose como día de pago el 10 de cada mes.

Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y los empresarios (propietarios de Hierros Fuente Palmera), el importe de las costas judiciales se ha reducido a la mitad, pasando de 17.452 euros a los 8.726. De hecho, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, además de esta solicitud, pidió a los demandantes el pago fraccionado de la sentencia para que no supusiera un perjuicio grave para la tesorería municipal.

Como ya adelantó este periódico el 11 de abril, el Ayuntamiento fue condenado a pagar 127.355 euros más los intereses devengados y las costas judiciales, tras la resolución por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas de un contrato de compraventa con fecha 23 de noviembre del 2000, de una parcela situada en la Hacienda San Antonio entre los empresarios y el entonces alcalde, Antonio Guisado (PSOE), que actuó como vendedor en nombre y representación del Ayuntamiento, cuando este no era propietario de la parcela.

Sobre este asunto, el primer edil colono, Francisco Javier Ruiz (IU), lamentó una vez más «que sean los colonos quienes tengan que pagar las consecuencias de los convenios urbanísticos de aquella época y se merme el progreso de La Colonia». En referencia a la etapa de Guisado, que gobernó entre 1989 y 2003, Ruiz afirmó que «o se vendía suelo que no era municipal o zonas verdes o de equipamiento dotacional, sin que los convenios se fiscalizaran ni pasaran por comisiones ni por plenos. Las certificaciones de los servicios técnicos, literalmente, no existían».

El alcalde dio algunas cifras contundentes: en lo que queda de año, a los vecinos les va a costar esta sentencia 103 euros al día, y tanto en el 2019 como en el 2020, 187 euros al día. También ofreció algunos ejemplos de lo que podía hacerse con 158.000 euros: 150 empleos sociales de un mes en tres años, o 1.315 bonos de alimentación de 120 euroa al mes; o 30 kilómetros de rehabilitación de caminos municipales, entre otros.

Desde el PSOE, su portavoz, Antonio Javier Guisado, afirmó que aquella operación «no se hizo bien, pero sin maldad», además de culpabilizar a los servicios jurídicos del Consistorio de no advertir las irregularidades.