El Pleno de Palma ha aprobado por unanimidad (PSOE, PP, IU, grupo Andalucista y Ahora Palma) iniciar un análisis que sirva de base para emprender un Plan Municipal de Vivienda y Suelo. El objetivo, según señala la delegada de Vivienda y Urbanismo, Ana Belén Santos, es promover soluciones para disponer de viviendas dignas en compra, alquiler o rehabilitación.

Con ello se abre una línea de trabajo para identificar y cuantificar las necesidades de vivienda en la localidad, creación de programas y actuaciones encaminadas a un modelo de ciudad sostenible, que se ajuste a Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía. En este escenario, se determinarán las necesidades de vivienda de las familias, propuestas de promoción pública y su localización, alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de equipamientos, actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque. Todo con la intención de ir eliminando progresivamente la infravivienda. Además se recogen propuestas de cuantificación y localización de viviendas protegidas, para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. El plan se defiende desde una perspectiva analítica, estratégica y programática, con planes de actuación a medio plazo, cinco años, incluyendo financiación, seguimiento y evaluación del plan.

El portavoz de Ahora Palma, Ramón Jubera, apunta que un 10,64% del parque de viviendas en la ciudad está vacío, puntualizando que hay 193 de titularidad pública. Onofre Acuyo, del grupo Andalucista, manifiesta sobre el Plan Municipal de vivienda y Suelo que el informe va a detectar todas las carencias y resalta que se tenga en cuenta la accesibilidad. Ana Ramos (IU) precisa que se trata de una demanda que hizo su grupo al equipo de gobierno. Cesáreo Callejón (PP) destaca que permitierá analizar "hacia dónde vamos en política de vivienda". El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, dijo que es un plan integral que aborda la vertiente económica y de empleo, urbanística y social, como un derecho fundamental.