El pleno del Parlamento extremeño ha aprobado hoy, con los votos del PSOE, IU y PREX-CREX, solicitar al Gobierno que paralice el plan de ampliación del almacén de residuos de El Cabril (Córdoba), iniciar los preparativos para su cierre y que, entretanto, se compense económicamente a los municipios extremeños afectados.
La iniciativa ha sido presentada por IU, cuyo portavoz, Pedro Escobar, la ha justificado en que Extremadura tiene más motivos "para inquietarse" que otras regiones con este proyecto, ya que, a su juicio, le afecta casi tanto como la Central Nuclear de Almaraz (CNA), que está ubicada en Cáceres, ya que El Cabril está en el límite de la provincia de Córdoba con la de Badajoz.
Para Escobar, además del riesgo por la contaminación ambiental del almacenamiento de estos residuos, existe el que se deriva del transporte de estos por las carreteras extremeñas, porque, a su juicio, por estas circulan más camiones que los que soporta la comunidad andaluza.
Por ello y entretanto se paraliza esa ampliación, el portavoz de IU exige que los municipios afectados reciban las misma compensación que reciben los andaluces del entorno.
El PSOE ha apoyado la propuesta de IU, aunque ha echado en falta la inclusión en la misma de un plan de empleo alternativo para los municipios próximos a estas instalaciones.
El diputado socialista Manuel Vázquez Villanueva ha explicado que su rechazo a la ampliación de El Cabril responde a las formas en las que se ha anunciado, incluye incumplimientos de la normativa existente y porque el sur de España ya cuenta con suficientes instalaciones de este tipo "y ha contribuido de forma solidaria con el resto de España".
El portavoz del PREX-CREX, Damián Beneyto, aunque ha apoyado la propuesta, cree que responde a la celebración de las jornadas antinucleares que se celebran en Navalmoral de la Mata mañana y pasado y ha añadido, en este sentido, que no le gusta "sentirse utilizado".
Además, también ha expresado sus dudas de que los municipios extremeños, una vez reciban la compensación, estén dispuestos a renunciar a ella si la planta se desmantela.
Por su parte, la diputada del PP Virginia Alberdi ha instado a IU a que se ponga de acuerdo con sus compañeros de Andalucía y de Hornachuelos (Córdoba), que se han opuesto al desmantelamiento de la planta, además de que cree que habría que reflexionar sobre el futuro de las 300 personas que trabajan en sus instalaciones y de los convenios de inversión existentes y fijados hasta 2030.
Sí está de acuerdo en que es necesario establecer mecanismos de compensación para los municipios extremeños de la Campiña Sur afectados por esta instalación, por lo que ha propuesta la retirada de la propuesta y la elaboración de otra para debatir esa compensación.
