La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará a partir del 5 de mayo y durante nueve jornadas a nueve acusados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito societario que se produjeron en la cooperativa Almazaras de Priego durante los años 2004 y 2005. Varios de los acusados ya fueron juzgados por hechos similares en el año 2013. Dos de ellos fueron condenados a prisión y uno está en tercer grado penitenciario.

La fiscalía estima entre 6 y 7 millones de euros la cantidad derivada del delito societario y solicita penas de prisión que van de los 6 a los tres años, más multas e indemnizaciones millonarias.

Almazaras de Priego se constituyó como cooperativa de segundo grado en el año 2003, englobó a cinco cooperativas de la comarca de la Subbética y contrató como gerente a Pedro Quesada, condenado por la Audiencia. Este, de común acuerdo con el director de una caja de ahorros y el secretario de la cooperativa, efectuaron varias operaciones de ingreso y pagos en los que hacían constar que eran a favor de algunas o de las cinco cooperativas que integraban Almazaras de Priego cuando en realidad no iban a parar a ellas, sino que fueron a parar a los acusados. Por este sistema se hicieron con 2,5 millones de euros.

Un miembro del consejo rector tuvo conocimiento de estos movimientos y los consintió, mientras que el director de la caja imitó la firma del tesorero, según la calificación.

Hay tres operaciones importante de la etapa de Quesada en el año 2005. En febrero firma un contrato con Jaraoliva, de Cáceres, por la que esta última vende a Almazaras tres millones de kilo de aceite a 2,7 euros el kilo, pero solo entrega 1,2 millones de kilos.

BUEN BENEFICIO El beneficio de la extremeña fue de 100.000 euros. En marzo se formalizan dos operaciones similares que se pagaron con pagarés y en las que intervino un corredor. Las operaciones reflejadas en dos de estos contratos eran inexistentes porque no se hizo entrega alguna de aceite, aunque se registraron en albaranes y facturas.

Ante estos hechos la fiscalía solicita para Quesada más de 16 años de cárcel por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito societario continuado; 15 años para el secretario; cinco años para el director de la caja de ahorros; seis años para un directivo de Jaroliva; cinco años para uno de los administradores; nueve años para el presidente; tres para el tesorero; otros tres para dos de los interventores de las cuentas.

Por la sala de vistas pasarán media docena de testigos y tres peritos.