El Juzgado de Instrucción de la localidad cordobesa de Pozoblanco ha acordado dejar en libertad provisional con cargos a los dos varones detenidos por la Guardia Civil por la supuesta comisión de delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y coacciones, tras supuestamente agredir y amenazar de muerte el miércoles a un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Los Pedroches I, en Pozoblanco, que tuvo que trasladado al hospital comarcal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y según se recoge en la denuncia de los hechos, al tiempo que detallan que el motivo de la actitud de los hombres ha sido por "la notificación de un trámite administrativo sobre una inspección que les realizaron en su finca ganadera".

En concreto, según recoge la denuncia, los hechos se produjeron cuando la OCA notificó a unos ganaderos una resolución de suspensión del código de explotación dimanante. Dicha notificación se tuvo que realizar en las dependencias de la Guardia Civil, dado que "la familia que debía ser notificada es violenta, siendo habitual que la misma insulte a los inspectores veterinarios y que incluso los llegue a agredir".

Así, mientras el veterinario agredido realizaba unas fotocopias en la OCA, comenzó a sentir golpes por parte de dos personas, que lo llevaron "a golpes y empujones a la barandilla de la escalera, tratando de tirarlo por el hueco", algo que no se produjo gracias a las personas que en ese momento se encontraban en la Oficina, algunas de las cuales también prestaron declaración este miércoles.

Como consecuencia de los hechos, el veterinario tuvo que acudir al Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, donde fue atendido reflejando el parte médico una rotura del tímpano izquierdo por traumatismo, además de los hematomas que presentaba.

Cabe destacar que, según se recoge en la denuncia, es la segunda agresión, por parte de la misma familia, de esta índole en dos meses, aunque la que se produjo en julio tuvo lugar en la localidad cordobesa de Dos Torres, cuando se intentaba detectar un caso de supuesto tráfico de crotales de vacas.

REFUERZO DE SEGURIDAD

Mientras, el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, ha asistido este jueves en la OCA a una concentración de repulsa por los hechos "para ofrecer el apoyo de la Junta de Andalucía al veterinario agredido", a la vez que ha elogiado la labor que desempeñan los veterinarios con los ganaderos y ha mostrado su deseo de que haya normalidad, apuntando que se trata de "un hecho aislado".

No obstante, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta va a dotar de un servicio de seguridad privada a las Oficinas Comarcales Agrarias de las localidades cordobesas de Pozoblanco e Hinojosa del Duque, según ha anunciado Zurera, tras visitar la OCA de Pozoblanco para interesarse por el estado del veterinario agredido cuando realizaba su trabajo.

Al respecto, según ha indicado el delegado, "la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia y en este caso ejercida de manera cobarde contra un profesional en el libre y legítimo ejercicio de sus obligaciones".

"NO ES LA PRIMERA VEZ"

Por su parte, el presidente de la Unión Provincial del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Rafael Delgado, denunció ante la Guardia Civil y en un posterior escrito que "esto se veía venir, pues son personas muy violentas y no es la primera vez que agreden a los inspectores".

En este sentido, considera que "es inadmisible que, pasados dos meses de una primera agresión a otro inspector veterinario, de la existencia de amenazas de muerte y de un informe del director de la OCA informándole de la situación, la Delegación Territorial no haya tomado ninguna medida para proteger a los trabajadores de la OCA".

Además, el sindicato ha registrado un escrito este miércoles destinado a la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, donde se afirma que la agresión "era absolutamente evitable con unas mínimas medidas de seguridad, como guardias de seguridad", y pide que la Junta se persone como acusación particular en este caso.

El Juzgado de Instrucción de la localidad cordobesa de Pozoblanco ha acordado dejar en libertad provisional con cargos a los dos varones detenidos por la Guardia Civil por la supuesta comisión de delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y coacciones, tras supuestamente agredir y amenazar de muerte el miércoles a un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Los Pedroches I, en Pozoblanco, que tuvo que trasladado al hospital comarcal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y según se recoge en la denuncia de los hechos, al tiempo que detallan que el motivo de la actitud de los hombres ha sido por "la notificación de un trámite administrativo sobre una inspección que les realizaron en su finca ganadera".

En concreto, según recoge la denuncia, los hechos se produjeron cuando la OCA notificó a unos ganaderos una resolución de suspensión del código de explotación dimanante. Dicha notificación se tuvo que realizar en las dependencias de la Guardia Civil, dado que "la familia que debía ser notificada es violenta, siendo habitual que la misma insulte a los inspectores veterinarios y que incluso los llegue a agredir".

Así, mientras el veterinario agredido realizaba unas fotocopias en la OCA, comenzó a sentir golpes por parte de dos personas, que lo llevaron "a golpes y empujones a la barandilla de la escalera, tratando de tirarlo por el hueco", algo que no se produjo gracias a las personas que en ese momento se encontraban en la Oficina, algunas de las cuales también prestaron declaración este miércoles.

Como consecuencia de los hechos, el veterinario tuvo que acudir al Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, donde fue atendido reflejando el parte médico una rotura del tímpano izquierdo por traumatismo, además de los hematomas que presentaba.

Cabe destacar que, según se recoge en la denuncia, es la segunda agresión, por parte de la misma familia, de esta índole en dos meses, aunque la que se produjo en julio tuvo lugar en la localidad cordobesa de Dos Torres, cuando se intentaba detectar un caso de supuesto tráfico de crotales de vacas.

REFUERZO DE SEGURIDAD

Mientras, el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, ha asistido este jueves en la OCA a una concentración de repulsa por los hechos "para ofrecer el apoyo de la Junta de Andalucía al veterinario agredido", a la vez que ha elogiado la labor que desempeñan los veterinarios con los ganaderos y ha mostrado su deseo de que haya normalidad, apuntando que se trata de "un hecho aislado".

No obstante, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta va a dotar de un servicio de seguridad privada a las Oficinas Comarcales Agrarias de las localidades cordobesas de Pozoblanco e Hinojosa del Duque, según ha anunciado Zurera, tras visitar la OCA de Pozoblanco para interesarse por el estado del veterinario agredido cuando realizaba su trabajo.

Al respecto, según ha indicado el delegado, "la Junta de Andalucía condena cualquier tipo de violencia y en este caso ejercida de manera cobarde contra un profesional en el libre y legítimo ejercicio de sus obligaciones".

"NO ES LA PRIMERA VEZ"

Por su parte, el presidente de la Unión Provincial del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Rafael Delgado, denunció ante la Guardia Civil y en un posterior escrito que "esto se veía venir, pues son personas muy violentas y no es la primera vez que agreden a los inspectores".

En este sentido, considera que "es inadmisible que, pasados dos meses de una primera agresión a otro inspector veterinario, de la existencia de amenazas de muerte y de un informe del director de la OCA informándole de la situación, la Delegación Territorial no haya tomado ninguna medida para proteger a los trabajadores de la OCA".

Además, el sindicato ha registrado un escrito este miércoles destinado a la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, donde se afirma que la agresión "era absolutamente evitable con unas mínimas medidas de seguridad, como guardias de seguridad", y pide que la Junta se persone como acusación particular en este caso.