Los tres grupos de la oposición quieren presionar al alcalde socialista de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández, para que esclarezca de forma definitiva y cuanto antes las supuestas irregularidades económicas cometidas en el polígono Los Fruteros y sobre las que alerta un nuevo informe de la Intervención municipal del Ayuntamiento de La Colonia. En el nuevo documento se analiza la naturaleza y destino de los ingresos realizados como pago del 50% del valor de la parcelas del polígono, así como las compensaciones que se practicaron por parte del Consistorio por deudas existentes con algunos de los compradores de dichas parcelas de marzo a junio de 2003. Este documento, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Posadas, detalla el precio total de los terrenos supuestamente adquiridos, las cantidades consignadas en las cartas de pago, las cantidades ingresadas y el precio por metro cuadrado. Asimismo, dice que los ingresos por las parcelas se utilizaron para el pago de facturas de ejercicios anteriores y a gasto de inversión, incumpliendo la norma que dicta que el destino obligatorio de dichos ingresos debe ser la adquisición de suelo para VPO o la conservación, mejora, ampliación y urbanización de bienes del patrimonio público del suelo. De los 17 empresarios, diez abonaron mediante ingreso en metálico, talón o transferencia, y a los otros siete se les "adjudicó" la parcela en compensación por deudas del Ayuntamiento con los proveedores. Hay que recordar que por el caso Fruteros están imputados el exalcalde socialista Antonio Guisado y el secretario accidental, Carmelo Tubío, por una presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio. Por su parte el actual regidor, el socialista Juan Antonio Fernández, se muestra contundente al "recalcar que este informe lo ha solicitado el juez y tiene su origen en una petición de Olivo, que es acusación particular, en julio de 2011 al juzgado porque no sabían como entraron los fondos de los parcelistas ni su destino. Eso es inexplicable ya que estuvieron gobernando del 2003 a 2007 y fueron ellos quienes pusieron la primera denuncia. Además se nos pide que seamos responsables subsidiarios, cuando es imposible mientras seamos acusación particular, gracias al decreto que Olivo hizo en su mandato sin llevar el tema a pleno". Dice que ahora que la situación "está avanzada para su solución" espera que "ningún partido ponga trabas para solucionar definitivamente este asunto".