La asociación Amara está ya al borde de la supensión de pagos

La asociación de discapacitados psíquicos Amara, de Lucena, tendrá que presentar suspensión de pagos a sus proveedores si en pocos días no llegan las subvenciones que recibe de la Junta a través de las consejerías de Igualdad, Educación y Empleo. La presidenta de la entidad, Natividad Beato, denuncia que esta situación se ha convertido en crónica ante los constantes retrasos de estos pagos de subvenciones, si bien ahora se ha encendido la alarma, dado que lo que la Junta adeuda en este concepto supera los 470.000 euros.

Beato destaca que no han recibido absolutamente nada desde el mes de marzo, por lo que sus trabajadores llevan dos meses sin recibir su sueldo y además se van engrosando las deudas con distintos proveedores.

La presidenta de Amara informa que se ha mantenido una reunión en el seno de la confederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual para acordar una serie de movilizaciones. Entre ellas se ha propuesto realizar un encierro de todos los directivos de estas asociaciones en las sedes provinciales de la Consejería de Hacienda.

Hay que tener en cuenta que esta falta de ingresos coloca en una situación crítica no solamente a los trabajadores discapacitados del taller de empleo de Amara, sino también a sus familias y al conjunto de la estructura educativa de esta asociación lucentina.

Natividad Beato ha puesto de manifiesto que la crisis no debe cebarse con estos colectivos, que habitualmente atraviesan ya de por sí una situación muy difícil y que ello podría obligar al cierre definitivo de una serie de centros que se han forjado con el esfuerzo y la solidaridad de muchas personas, como sucede en el caso de Amara en Lucena, que lleva cuarenta años realizando su labor.

Los talleres de empleo para discapacitados suponen, además de un ingreso económico para estas personas, una clara oportunidad de integración social para ellos a través del trabajo.

En Andalucía se atiende a un total de 20.000 personas con discapacidad intelectual a través de una red de 540 centros de trabajo, lo cuales a su vez generan otros 8.500 empleos.