El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, niformó ayer que desde la Junta de Andalucía «se está ultimando una solicitud especial» dirigida al Gobierno central sobre cuáles son «los planes que tiene a corto y medio plazo» para el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad en El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos. Así lo indicó el consejero a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz en un receso del Debate sobre el Estado de la Comunidad, y al hilo de «noticias que con carácter no oficial nos llegan de que puedan estar llegando residuos nucleares de Garoña o de cualquier otro sitio» a El Cabril.

José Fiscal recordó que «el cementerio nuclear de El Cabril es una instalación gestionada únicamente por el Gobierno de España, que tiene las competencias en gestión de residuos nucleares». Estas solicitudes se plantean, según apostilló el titular andaluz de Medio Ambiente, «siempre teniendo en cuenta» que El Cabril «no es una competencia nuestra» y «es un cementerio nuclear al que se llevan residuos nucleares, que para eso está, nos guste más o menos».

En todo caso, «como Gobierno andaluz queremos saber exactamente si hay alguna actuación que se salga de lo excepcional, de la que sí somos recurrentemente informados» por parte del Ejecutivo central, según indicó el consejero de Medio Ambiente.

Por su parte, el partido ecologista Equo Andalucía Verdes, a través de la parlamentaria y coportavoz, Carmen Molina, reveló ayer en un comunicado que ha preguntado recientemente al Gobierno andaluz acerca de las actuaciones que pretende desarrollar «a fin de garantizar la seguridad de la población y evitar la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar como El Cabril». La pregunta se ha efectuado con motivo del transporte y almacenaje en El Cabril de componentes del combustible de las centrales nucleares, en concreto, dióxido de uranio procedente de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca). Equo recuerda que el dióxido de uranio es una sustancia «clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como uno de sus componentes U-235, una sustancia con una vida media de cientos de millones de años».

Ana María Carnero, portavoz provincial de Equo Córdoba, manifestó que «los pagos de Enresa a los ayuntamientos de la zona de El Cabril constituyen un histórico y bochornoso soborno por el que se intercambian riesgos para la salud de las personas durante siglos a cambio de unas retribuciones que no siempre han redundado en beneficio de la población de esos municipios». Así, Carnero criticó que «el Gobierno del PP, a través de Enresa, invertirá próximamente 482.000 euros en el parque multiaventura de Hornachuelos y en un albergue». Equo vuelve a reivindicar así el cierre de unas instalaciones que ponen en riesgo a una elevada población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente.