La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas han suscrito un acuerdo para invertir 106 millones de euros en el arreglo de los caminos rurales con idea de impulsar la agricultura y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el medio rural.
En el acto de la firma del acuerdo, Díaz ha asegurado que para efectuar estas mejoras en los caminos de titularidad pública se tendrá en cuenta la longitud de los caminos, el tipo de uso común que tengan y el número de explotaciones agrarias a las que den acceso.
Con estas inversiones se trata de cohesionar el territorio, según la presidenta, quien ha recordado que en los últimos cinco años han sido arreglados en Andalucía 3.500 kilómetros de caminos rurales.
Igualmente ha señalado que, aparte de esta cantidad, otros diez millones de euros serán invertidos entre la Junta y las comunidades de regantes para mantener y arreglar los caminos transitados por los miembros de estas comunidades.
En el caso de las comunidades de regantes, el 60 por ciento de lo que se invierta procederá de la Junta y el 40 por ciento restante de las propias comunidades.
De esos 106 millones, la Junta aportará 64 -8 por cada provincia- con cargo al Programa de Desarrollo Rural, y el resto por las Diputaciones.
En nombre de las Diputaciones, el presidente de la de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha justificado esta iniciativa recordando que Andalucía posee el 20 por ciento de la superficie agrícola nacional.
La agricultura supone en Andalucía el 8 por ciento de la ocupación total, mientras que en España la media es del 4 por ciento, según Villalobos, quien ha recordado que en 2016 fueron 246.000 los ocupados en este sector en Andalucía y que crecieron un 12,5 por ciento con respecto a 2015.
También ha señalado que la propiedad está más repartida en Andalucía que en el resto de España, con una extensión media de 18 hectáreas, mientras que la media nacional es de 26 hectáreas.
La renta agrícola aumentó en Andalucía un 7 por ciento el año pasado, con una renta global de 8.800 millones de euros el año pasado, y una producción, en el mismo periodo, de 11.700 millones de euros.
Las ayudas para la mejora de los caminos de titularidad pública serán de un mínimo de 25.000 euros y de un máximo de 300.000, de los cuales el 60 por ciento será aportado por la Administración regional.
Además, las Diputaciones prestarán asesoramiento técnico a los ayuntamientos que sean receptores de estas ayudas.
La concesión de las subvenciones se realizará por concurrencia competitiva a escala provincial con la idea de lograr un reparto equitativo de las inversiones públicas entre todos los territorios.
Tanto las Diputaciones como la Administración regional consideran los caminos rurales como parte de la estructura agraria y de gran importancia en la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones, ya que la accesibilidad a las fincas agrarias y a las instalaciones de la agroindustria es básica para la competitividad del campo andaluz.
