La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de sus servicios provinciales de Consumo, ha iniciado una campaña de inspección en comercios minoristas para controlar los productos ibéricos, así como el cumplimiento de las normas referentes al correcto etiquetado e información de su composición.
En un comunicado, la Consejería ha explicado que esta campaña se ha iniciado con el objetivo de "garantizar una correcta y leal competencia de los mercados y asegurar la defensa de las personas consumidoras, evitando fraudes y distorsiones de la competencia con otros productos porcinos".
En este sentido, esta campaña también pretende sensibilizar a los fabricantes, distribuidores y, en general, a todos los que intervienen en la cadena de comercialización, de que deben poner en el mercado productos que cumplan las normas referentes al etiquetado e información de su composición.
La campaña, que es de ámbito nacional, se realizará por los servicios de Consumo de Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba, con cien controles de la información obligatoria del etiquetado de los productos y 31 toma de muestras.
ESTANDARES DE CALIDAD Asimismo, Consumo vigilará que cumplen los estándares de calidad y que los productos están etiquetados, comprobando que figuran los datos identificativos del responsable, la lista de ingredientes, el lote, el marcado de fechas, y que no se utilizan nombres, logotipos, imágenes, símbolos o menciones que puedan inducir a error al consumidor.
Con la campaña se verificará que los productos incluyen en su etiquetado los términos "certificado por" seguido por el nombre del organismo independiente de control. Además, se tendrá en cuenta especialmente la adecuación a los requisitos normativos de la denominación de venta, como el tipo de producto, designación por alimentación y manejo --de bellota, de cebo de campo y de cebo-- y tipo racial, cien por cien ibérico o ibérico.
La campaña se prolongará hasta el mes de noviembre para supervisar estos productos en distintas épocas del año, y cuyas infracciones pueden oscilar entre los 200 y los 5.000 euros si la irregularidad cometida es leve, como, por ejemplo, un defecto en la información o el etiquetado que deba figurar en el producto, y de los 5.001 a 30.000 euros, si es grave, como, por ejemplo, un fraude al consumidor.
