Defensas, acusaciones y fiscalía personadas en el segundo juicio por el fraude de Almazaras de Priego emplearon la mañana de ayer en llegar a acuerdos de conformidad ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, en una larga negociación en la que tres de los acusados reconocieron los hechos relacionados con el delito de apropiación indebida y se comprometieron al pago de los 100.000 euros de responsabilidad civil que supone esa infracción penal en un plazo de cinco días. Este compromiso supedita la continuidad del proceso, que se reanudará el próximo martes.
Los cooperativistas integrados en Almazeite reclaman una indeminización de ocho millones de euros, mientras que la fiscalía calcula entre seis y siete millones los perjuicios derivados del delito societario.
El exdirector de la cooperativa, un comisionista y un directivo de la empresa Jaroliva admiten su participación en la apropiación indebida, mientras que un cuarto acusado por este delito, el secretario, mantiene su inocencia. Los tres primeros aceptarían una pena de seis meses de cárcel.
Independientemente de los acuerdos, los hechos que se juzgan se produjeron en los años 2004 y 2005. Almazaras de Priego se constituyó como cooperativa de segundo grado en el 2003, englobó a cinco cooperativas de la Subbética y contrató como gerente a Pedro Quesada.
Según sostenía la fiscalía en un principio en su escrito de acusación, el director de Almazaras, de común acuerdo con el director de una caja de ahorros y el secretario de la cooperativa, efectuaron varias operaciones de ingreso y pagos en los que hacían constar que eran a favor de algunas o de las cinco cooperativas, cuando en realidad no iban a parar a los acusados. Por este sistema se hicieron con 2,5 millones de euros.
Por lo que se refiere a la apropiación indebida, el director firmó en el 2005 un contrato con Jaraoliva, de Cáceres, por la que esta vendía a Almazaras tres millones de kilos de aceite a 2,7 euros el kilo, pero solo entrega 1,2 millones de kilos. La extremeña obtuvo un beneficio de 100.000 euros. En marzo se formalizan dos operaciones similares que se pagaron con pagarés y en las que intervino un corredor.
La fiscalía solicita para Quesada más de 16 años de cárcel por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito societario continuado; 15 años para el secretario; cinco años para el director de la caja; seis años para el directivo de Jaroliva; cinco años para uno de los administradores; nueve años para el presidente, y tres para los tres interventores de las cuentas.
