La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Pozoblanco ha decretado una orden de alejamiento contra cuatro miembros de La Manada acusados de abusar de una joven pozoalbense durante las fiestas de Torrecampo en mayo del 2016 y les impide acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como comunicarse por cualquier medio con ella. Así lo informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que explicaron que la titular del juzgado pozoalbense ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Navarra los haya dejado en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros tras ser condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a otra joven en los Sanfermines de ese mismo año.
La jueza ha acordado recientemente prorrogar unos meses la causa de la joven de Pozoblanco debido a su complejidad. En concreto, según detallaron a Europa Press fuentes judiciales, la jueza declaró la causa «compleja» hace meses y en estos últimos días ha acordado prorrogarla, una decisión que ha sido recurrida por los cuatro investigados en este caso. Mientras, la instrucción continúa pendiente de distintas diligencias.
La denunciante de Pozoblanco declaró de nuevo a finales de mayo ante la jueza, según confirmaron desde el TSJA. Al hilo de ello, el abogado de la defensa Agustín Martínez expuso que «el único objetivo, visto el resultado de la sentencia de Pamplona, era matizar que efectivamente no había dado autorización expresa para la grabación y distribución del vídeo» que se encuentra en el sumario del caso, «algo que ya había manifestado, pero ha querido recalcar» la joven.
En esta causa, a principios de febrero, tres de los cuatro jóvenes investigados por estos hechos ocurridos en el vehículo de uno de ellos, tras acudir a la feria de Torrecampo, se acogieron a su derecho a no declarar en relación al vídeo que grabaron en el coche, al ser preguntados sobre el vídeo que grabaron en el vehículo, que posteriormente enviaron por whatsapp a grupos de amigos.
Las defensas ya advirtieron de que «el vídeo se ha incorporado al procedimiento procedente de otra investigación sin autorización», por lo que entienden que «se ha vulnerado un derecho fundamental».
Mientras, la denunciante, una joven de 21 años, ya ha declarado en tres ocasiones y a tal efecto los abogados de los jóvenes avisaron de que esta incurrió en «contradicciones».
Además, manifestaron que el supuesto uso de la droga conocida como burundanga es «una elucubración interesada», al tiempo que sobre el vídeo de los hechos «no se han formulado preguntas, teniendo en cuenta que ella no recuerda nada», según apuntaron a Europa Press desde la defensa.
