La titular del juzgado de lo Penal número uno de Córdoba ha impuesto nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Antonio Ramírez Moyano, exalcalde socialista de Nueva Carteya y exdiputado provincial, al considerarlo autor de un delito continuado de prevaricación.

Ramírez fue alcalde de 1999 a 2007, si bien es en los últimos cinco años en los que se centra la causa judicial. En los hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, se refleja que "ordenó realizar muchos pagos de créditos (...) a sabiendas de que se hacían sin existir previa consignación presupuestaria", además de hacer "caso omiso a los reiterados reparos" del secretario interventor municipal. La suma de facturas que ordenó pagar en ese periodo asciende a 248.510 euros.

Ramírez, según estima la magistrada, ordenaba la elaboración de un mandamiento de pago para abonar una factura presentada al cobro y acto seguido el secretario emitía un informe en el que le advertía de la improcedencia del abono.

A pesar de ello, el acusado, "de manera contumaz y sabiendo que contravenía esas normas legales, no suspendía la tramitación del expediente, sino que aprobaba los gastos --aun no siendo inevitables-- y ordenaba los pagos".

SIN APOYO DEL PLENO Añade la juez que Ramírez sabía que no tenía el respaldo del Pleno y que el grupo de Izquierda Unida --que denunció los hechos-- supo de los reparos del secretario. Aun así, "sabiendo que se estaba extralimitando y saliendo de forma patente de la legalidad" siguió ordenando pagos que "no eran estrictamente necesarios para el funcionamiento municipal y sin soporte presupuestario". El exalcalde hizo "todo ello para su promoción personal como político, pese a que sabía que con esa política sin soporte legal estaba llevando el Ayuntamiento a la ruina económica".

Ramírez "ordenó la ejecución de obras municipales que no estaban previstas como inversiones en el presupuesto y como contratación directa", añade la magistrada.