El Gobierno central ha negado, ante las preguntas de los diputados del PSOE por Córdoba y Granada Antonio Hurtado y Gregorio Cámara, respectivamente, que el pasado 13 de mayo se celebrase «ningún acto franquista» durante la jura de bandera para personal civil en Dos Torres, negando también que en el mismo se conculcara la Ley de Memoria Histórica.

Así lo recoge la respuesta escrita que ha dado el Gobierno a Hurtado y Cámara, quienes señalaron en su pregunta que la jura de bandera, a la que asistió el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, incluyó un homenaje a los caídos que consistió en colocar «una corona de laurel sobre la Cruz de los Caídos que existe en la fachada lateral de la parroquia de la Asunción».

Hurtado y Cámara preguntaron también al Gobierno «por qué no se ha requerido la eliminación de este símbolo franquista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, por qué se permite que miembros y representantes del Gobierno, además de personal militar, participen en actos entorno a estos símbolos» y «qué medidas va a tomar el Gobierno para que un hecho semejante no vuelva a ocurrir». Ante esto, el Gobierno ha respondido que «ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría de Estado de Seguridad han organizado ni participado en ningún acto franquista», pues el acto al que aluden los diputados socialistas fue «organizado por la Base Aérea de Morón y Ala 11, con motivo de una jura de bandera civil, que trascendió con el proceder habitual de este tipo de actos castrenses destinados a personal civil».

Por otro lado, el Gobierno ha señalado que «el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, define que de, forma excepcional, se conservarán aquellas menciones que no hagan exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, como también lo es». Por lo tanto, a juicio del Gobierno «no se ha incumplido la Ley estatal de Memoria Histórica. Es más, en 2010 se procedió a la remodelación de dicho inmueble y se retiraron otras placas por su clara alusión franquista, mientras que la Junta de Andalucía, que fue quien redactó el proyecto de remodelación, acordó con el Obispado el mantenimiento de dicha cruz», de modo que este acto fue «plenamente constitucional».

Para Hurtado, el Gobierno, con su respuesta, «se reafirma en el error, no pidiendo disculpas, ni considerando reprobable y censurable lo ocurrido». De hecho, según ha subrayado, “no reconoce el error de poner en valor en un acto público una cruz de los caídos y una placa que evoca la victoria del fascismo sobre los principios republicanos y democráticos, glorificando a los que cayeron por el honor y la grandeza de España».