La última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación municipal prieguense, cuya celebración está prevista para el próximo martes, 29 de diciembre, incluye en su orden del día dos expedientes de los que, en buena parte, depende el futuro de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la localidad, que, debido a la descapitalización que ha sufrido desde su creación en septiembre del 2010, incurre en causa de disolución por un patrimonio neto de -54.519 euros al cierre del 2014.

En concreto, se trata del borrador de un plan de saneamiento que dé respuesta a la situación patrimonial de Aguas de Priego , cuyo déficit asciende en estos momentos a 556.000 euros, así como un plan de viabilidad para los próximos tres ejercicios --del 2016 al 2018--, que permita corregir el actual desequilibrio de la cuenta de resultados.

Un desequilibrio que, según se desprende de ambos documentos, tiene su origen tanto en la no actualización de las tarifas del servicio --vigentes desde el año 2009--, como en el descenso de la facturación prevista por la depuración en las aldeas, al carecer todas de EDAR, lo que ha ocasionado una importante reducción de los ingresos esperados.

Así, para lograr la estabilidad de la situación patrimonial de la empresa y evitar la obligación de su disolución, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego ha planteado en su plan de saneamiento una reducción del capital social, que pasaría de 500.000 a 336.955,51 euros. Para ello será necesaria la aportación por parte del Ayuntamiento de 81.365 euros, y de 78.174,32 euros por el socio privado (FFC Aqualia) que, a su vez, deberá abonar los 41.378 euros más el IVA, facturados a Aguas de Priego en concepto del 4% sobre el canon autonómico de mejora de depuración, retirando igualmente el contencioso administrativo que interpuso contra el acuerdo del Pleno que consideró que dicha cantidad había sido cobrada indebidamente.

De manera paralela, el plan de viabilidad con el que se pretende equilibrar la cuenta de resultados anuales con una mejora cuantitativa extra de entre 300.000 y 350.000 euros plantea, entre otras medidas, una actualización del IPC, lo que se traduce en una subida de las tasas del 7,5% en dos años.