La sesión de ayer en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba del juicio por el fraude en Almazaras de Priego (cooperativa que englobaba a otras cinco y a unos 2.000 olivareros) se centró en las conclusiones de las partes, con una sustancial rebaja de penas por parte de la fiscalía. El ministerio público retiró la acusación a seis de los nueve procesados, mientras que las representaciones de Almazeite, las cooperativas La Purísima y San Agustín y la propia Almazara se mantuvieron en sus posicionamientos iniciales.
De esta forma, el fiscal solo sostiene la acusación contra el exdirector de la cooperativa, Pedro Quesada, por un delito societario y por administración desleal, por los que pide un año de prisión y una indemnización económica de 3,6 millones; contra el representante de la empresa extremeña Jaroliva y contra un comisionista, para quienes pide seis meses de prisión.
Estos tres procesados ya llegaron a una conformidad sobre el delito de apropiación indebida y reintegraron 100.000 euros. Además, retiró los cargos que pesaban sobre el director de una sucursal bancaria, que al no estar acusado por las otras partes quedó libre.
Este proceso comenzó hace diez años --ya se celebró un juicio en el que fue condenado Quesada-- y la fiscalía llegó a pedir en un principio penas que iban de los tres a los quince años de cárcel para nueve acusados de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario e indemnizaciones de ocho millones de euros. Estimaba entre 6 y 7 millones de euros la cantidad derivada del delito societario.
Almazeite, colectivo que agrupa a los afectados, solicita para los ocho acusados que quedan penas que oscilan de los tres años a los seis meses de cárcel por los delitos antes citados. Para el abogado de esta parte, "la falsedad contable se ha acreditado suficientemente y no era posible conocer la situación real" de la cooperativa. Añadió que se produjeron "graves perjuicios económicos" en varias operaciones y destacó que Quesada "tenía amplísimos poderes".
Javier Pérez Hinojosa, letrado de Almazaras, subrayó que ha habido "una operación fraudulenta desde el principio" y que "hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia". Esta parte solo ha acusado desde el inicio a Quesada, al representante de Jaroliva, al intermediario y al secretario de la cooperativa. Sobre este último recordó que "dijo que no tenía ni idea y que firmó todo lo que le pusieron por delante", que fueron "en un mismo acto" veinte pagarés por importe de 5,6 millones de euros y que "defendía a Quesada ante el consejo rector".
