El nuevo gobierno municipal de Pozoblanco está dispuesto a exigir responsabilidad patrimonial al anterior alcalde, Baldomero García (PP), en cumplimiento con el artículo 145.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece que el Ayuntamiento exigirá de oficio de sus autoridades la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves. Así lo señalaron ayer el alcalde, Pablo Carrillo (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Benito García (CDeI), que avanzaron que darán cumplimiento a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba que condena al Ayuntamiento a abonar 89.309 euros a los 17 trabajadores de la empresa constructora El Ochavo, SA por el periodo de 13 meses en que la obra de la avenida Marcos Redondo en la que trabajaban estuvo paralizada por un decreto firmado por el anterior alcalde, Baldomero García, y que los tribunales señalaron que no se ajustaba a derecho. La sentencia, que es firme, fija indemnizaciones que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros según cada caso.

Por otro lado, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe en el que sitúa en 36.388 euros la indemnización que el Consistorio debe realizar a la empresa constructora, como reflejó en un documento una arquitecta contratada por el anterior equipo de gobierno, pero indica que deben añadirse a esa cifra los capitales invertidos, la inactividad y el abandono de la obra y los daños acreditados.

El Ochavo reclama 1,5 millones de indemnización, a lo que se suma 1.122.000 euros que también solicita Ezequiel Olmo, propietario de un local en la obra afectada. Ayer el alcalde, Pablo Carrillo, señaló que pelearán para que el coste para las arcas municipales sea el mínimo posible. Y el teniente de alcalde, Benito García, dijo que PP y PA, "por un capricho político irresponsable", han generado "esta tragedia para la situación económica del Ayuntamiento".