El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ha dictado un auto de ejecución provisional en el que ordena el embargo de los saldos de titularidad del alcalde de Posadas, Emilio Martínez (PSOE), y del exconcejal Daniel García Arrabal (IU), tras una sentencia condenatoria por supuesto acoso laboral sobre un trabajador municipal. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, a principios de enero se inició la ejecución de la sentencia y se solicitó al Ayuntamiento y los dos procesados los bienes para embargar, pero se denegó, dado que «los bienes del Consistorio son inembargables», destacan.
Sin embargo, a mediados de febrero se ha realizado otro auto de ejecución de la sentencia sobre las personas físicas, en este caso sobre los dos citados, de manera que «se han embargado sus saldos bancarios, la devolución de Hacienda y el coche de cada uno», según las mismas fuentes.
