La Agencia Tributaria ha desmantelado en las provincias de Córdoba y Sevilla una organización que simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda. El fraude en cuestión supera los seis millones de euros y en la operación se ha detenido a diez personas y se han efectuado diversos registros en sociedades y domicilios de Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo.
La investigación de esta operación, que ha sido denominada Olea , comenzó hace ya varios meses bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lucena. Como resultado de esta operación, por el momento han sido detenidas diez personas, se ha imputado a otras cinco y se han realizado cuatro registros donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización.
La Agencia Tributaria también ha intervenido cuatrocientas cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincas con un valor aproximado de cuatro millones de euros.
COMPRAVENTAS El engaño consistía en simular falsas compraventas de aceite de oliva, documentadas mediante facturas falsas. Las supuestas ventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituida a tal efecto y que simulaba su veracidad dando apariencia de un tráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos para ello.
Otro dato a destacar es que las facturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedían de común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con una finalidad exclusivamente defraudadora. Con estas falsas facturas la empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal: por un lado, computaba una mayor desgravación en el IVA; y por otro, conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de la misma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar en el Impuesto sobre Sociedades.
Para equilibrar las cuentas de las empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupo emitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad. La investigación cree que una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haber servido para la adquisición de bienes inmuebles.
Finalmente, cabe destacar que la investigación, llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, no descartándose más detenciones.
