El propietario de la empresa que construye un edificio en la avenida Marcos Redondo de Pozoblanco (Córdoba) ha denunciado al secretario del Ayuntamiento de dicha localidad por "dictar por su cuenta y riesgo" distintas resoluciones municipales relacionadas con la licencia de obra de dicha construcción.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, el empresario pide al Juzgado de Primera Instancia de Pozoblanco que investigue las actuaciones del secretario municipal ya que podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación al tomar decisiones para las que "no está facultado".

El alcalde "no lo había ordenado"

En concreto, en la denuncia el empresario relata que en mayo del 2009 el secretario dictó una resolución en la que "por orden del alcalde" instaba a la Policía Local a que "asegure con todos los medios a su alcance" el cumplimiento del acuerdo plenario de "suspensión de la licencia y paralización" de las obras.

Una resolución que, según la denuncia, el alcalde "no había ordenado", por lo que el secretario municipal trató de "enmendar otras resoluciones" de la misma fecha suprimiendo la expresión "por orden del Señor alcalde".

Asimismo, el denunciante recuerda que la obra cuenta con la correspondiente licencia, que está recurrida por varios concejales de Pozoblanco al entender que es contraria a las normas subsidiarias urbanísticas en vigor.

Además, el empresario insiste en que el Juzgado competente dictó un auto el 15 de mayo de 2009 en el que acordaba que "no había lugar a la suspensión de la licencia como medida cautelar" hasta que se aclarara si la obra incumplía la normativa urbanística de Pozoblanco.

De esta manera, el denunciante considera que con su resolución el secretario municipal "ha pasado a gobernar el mismo" el Ayuntamiento de Pozoblanco y ha acusado al mismo de "alcanzar un nivel intolerable de coacción" recordándole la suspensión de la licencia y paralización de las obras.

Por ello, el empresario defiende en su denuncia que la obra se está construyendo con la licencia "en regla" y aunque está recurrida el juzgado ha dictaminado que sigan su curso hasta que el Ayuntamiento aclare si incumple la normativa vigente.