El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que los fondos del PROFEA para 2017 se van a ver revalorizados un 3% respecto a la cuantía del año pasado hasta alcanzar un montante total superior a los 152 millones de euros, según contempla el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se tramita en el Congreso. A la provincia de Córdoba le corresponden 22.688.927,80, según ha informado la Delegación del Gobierno de Andalucía. Sanz ha hecho este anuncio durante la reunión que ha mantenido esta mañana la Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), en la que se ha aprobado por unanimidad la distribución entre las ocho provincias de los fondos ya asignados por el Estado a Andalucía a través de este programa, por importe de 147,7 millones de euros. Al término de la reunión, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, ha destacado la importancia “crucial” del PROFEA tanto para los municipios andaluces como para los trabajadores que dependen del empleo agrario y de las obras que se proyectan a través de dicho plan durante la época de cese de la actividad en el campo, al tiempo que ha agradecido “el esfuerzo” del Gobierno de Rajoy y la iniciativa de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, que “vuelve a mostrar una especial sensibilidad con los municipios andaluces y los trabajadores del campo”, al incluir la revalorización de los fondos en el presupuesto de 2017.

“No sólo no se recorta el PROFEA sino que, una vez superada la crisis económica, el Gobierno apuesta por este plan crucial para los municipios de Andalucía y aprueba una revaloración que supondrá 4,3 millones de euros adicionales para impulsar proyectos generadores de empleo en los pueblos de Andalucía”, ha dicho el delegado, que también ha pedido que “se mantenga el espíritu de consenso y lealtad entre administraciones” que siempre ha presidido el desarrollo de este plan. A este respecto, Sanz ha subrayado que “la buena coordinación” que siempre ha habido entre las administraciones implicadas en el desarrollo del PROFEA ha permitido la “mejora paulatina” en la gestión de los fondos, optimizando su rendimiento y su utilidad social, de forma que este año se espera generar con este plan en torno a dos millones de jornales en Andalucía.

Reparto provincial

En la reunión de la Comisión Regional, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y en la que han participado representantes de las administraciones central, autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias, se ha dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos destinados a subvencionar en 2017 la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social, por importe de 147,7 millones. Sanz ha explicado que, una vez entren en vigor los PGE, se repartirá la cantidad adicional resultante del incremento del 3% de forma proporcional y con los mismos criterios seguidos en la reunión de hoy.

Un 78,77% del total de estos fondos del PROFEA destinados a las provincias andaluzas corresponden al Plan de Garantían de Rentas, lo que se traduce en 116,353 millones de euros. Se trata de ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

El 21,22% restante del total de fondos ya asignados para Andalucía, 31,359 millones de euros, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable. Por lo que respecta a su reparto interprovincial, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y a que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.