El Tribunal de Cuentas ha notificado al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba que deberá asumir el pago de casi 120.000 euros en costas procesales, después de que dicho tribunal desestimara, en un caso totalmente y en otro parcialmente, dos demandas que interpuso el anterior gobierno del PP.

Así se recoge en sendos autos del Tribunal de Cuentas, en los que se determinan las cuantías de las costas procesales que debe abonar el Consorcio, después de que en noviembre del 2015 el Tribunal de Cuentas desestimara íntegramente la demanda interpuesta por el gobierno del PP contra los que fueran presidente y gerente del Consorcio, Fernando Expósito (PSOE) y Antonio Navarrete, respectivamente, y también contra el interventor, por supuestas irregularidades en las obras del parque de bomberos de La Carlota, que el tribunal dictaminó que no se cometieron. En este caso las costas procesales de los tres demandados y luego exonerados suman la cantidad de 64.251 euros, que ha de pagar el Consorcio de Bomberos.

De igual forma, el Consorcio también tendrá que abonar los 55.320 euros de las costas procesales del expresidente del Consorcio, Fernando Expósito, después de que éste, mediante sentencia del Tribunal de Cuentas de marzo del 2016, fuera exonerado tras la demanda interpuesta por el anterior gobierno del PP por el supuesto daño económico causado al Consorcio durante su gestión. En cambio, de este perjuicio económico al Consorcio de Bomberos, el Tribunal de Cuentas sí que consideró responsables a los entonces gerente e interventor, condenándolos al pago de 479.857 y 35.000 euros, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas consideró probado que en los años en los que Navarrete fue gerente del Consorcio (2001-2012) se efectuaron continuas transferencias desde la cuenta del ente provincial a su cuenta particular y, aunque la reclamación interpuesta por el Consorcio ascendía a 613.291,54 euros, el Tribunal de Cuentas tuvo en cuenta la prescripción de una parte de los hechos investigados y cuantificó las irregularidades contables no prescritas en 479.857 euros. En cambio, se desestimó la demanda contra Expósito, al considerar que «fue completamente ajeno a las irregularidades denunciadas».