La actuación policial contra el juego ilegal posibilitó el año pasado la incautación de 9.961 boletos de loterías fraudulentas en la provincia de Córdoba, un dato que ha multiplicado por 12 la cifra de billetes intervenidos en el 2016, que fue de 796.
En esta línea, la información de la Consejería de Justicia e Interior, de la que depende la unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, indica que este ha sido el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y el desmantelamiento de organizaciones que gestionan la venta de boletos y cupones para sorteos que tienen premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.
El responsable de esta unidad, Antonio Montserrat, recuerda que gran parte de los billetes se confiscaron en una actuación en la que se localizó el lugar desde donde se distribuían a otras personas para su puesta en circulación. A estos se suman aquellos que son retirados a vendedores que son sorprendidos con el material en la calle. Preguntado por las entidades que se encuentran detrás de esta actividad, comenta que sobresale la OID, aunque también funcionan otras.
En el 2017, la Policía autonómica realizó 704 inspecciones en materia de juego en Córdoba, la mayoría en bares, salas de fiesta o establecimientos de ocio. Los agentes levantaron 573 actas de denuncia. Dentro de este trabajo, efectuó 655 controles en máquinas recreativas de azar, por los que impuso ocho denuncias y precintó dos aparatos. En este sentido, Antonio Montserrat explica que «la mayoría» de las tragaperras se encuentran regularizadas y las denuncias suelen estar relacionadas con la documentación, por lo que cuando este aspecto se soluciona se les retira el precinto.
Desde la Consejería de Justicia recuerdan que el juego es una actividad regulada por ley «y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa». También hacen hincapié en que «los locales y personas que organizan actividades ilegales perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación, y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan tasas e impuestos». A esto añaden que «este tipo de actividades constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener estos locales, y de las garantías de las personas que participan en estos juegos».
En el momento de la confiscación de la mayor parte de los boletos ilegales encontrados en Córdoba el año pasado, que se conoció en abril, el Gobierno andaluz puntualizó que en esta comunidad autónoma «la única organización que posee autorización para la venta de boletos de este tipo de sorteos es la ONCE».
Los billetes intervenidos pertenecían a la OID, aunque la entonces delegada del Ejecutivo regional, Rafi Crespín, destacó que «está proliferando la venta de boletos de otras organizaciones que carecen de autorización para este tipo de loterías como Discade, Aprodis y últimamente también PYDA, haciéndolos coincidir con el sorteo diario de la ONCE».
La unidad de Policía adscrita a la Junta calculó que el volumen de oferta de venta de estas entidades en la provincia de Córdoba puede situarse en torno a 2.500 boletos ilegales por día.
