Los contribuyentes de la provincia pagarán un 1% menos por la tasa de basura de Epremasa el año próximo y un 2% más por el servicio de depuración de agua de Emproacsa (por debajo del IPC), mientras que la mayoría de tasas y precios públicos se congelarán. Además se mantendrán las bonificaciones, aplazamientos y fraccionamientos. A grandes trazos esa sería la principal conclusión del expediente de ordenanzas y precios públicos que el PP elevará al Pleno de la Diputación de Córdoba para su aprobación.

La presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, insistió en la apuesta por la congelación de tarifas, habida cuenta de que sigue habiendo muchas familias que lo están pasando mal; mientras que el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, insistió en que "se pueden bajar los impuestos y prestar más servicios" y tildó de "histórica" la bajada en el recibo de la basura. Otra tasa que se reduce un 0,5% es la de gestión, inspección y recaudación de ingresos por parte del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

El vicepresidente primero de la Diputación se demoró más en explicar ayer, en rueda de prensa, la razón de la subida del recibo del agua --un 2% en el servicio de depuración y ciclo integral y un 4,5% en el suministro en alta-- y lo justificó porque "las cuentas aún no están equilibradas totalmente en esta empresa y estamos haciendo las cosas como había que hacerlas". Por un lado, Fuentes justificó la subida por la caída del consumo de agua en un 14,9%, que ha provocado --dijo-- una caída de los ingresos de un 12,5% que tienen que repercutirse. Por otro lado, recordó que el recibo del agua incluye el canon fijado en su día por la Junta de Andalucía, "que se ha triplicado", y el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "que se duplica". La subida del 2% "se traduce, en el caso de un consumo medio de 20 metros cúbicos por trimestre, en solo 0,8 euros, es decir, tres euros al año", aclaró. Tanto Fuentes como Ceballos insistieron en la situación de "quiebra" de la que partieron cuando el PP se hizo cargo de las empresas públicas de la Diputación y advirtieron de que si no se ha despedido a ningun trabajador ha sido gracias a su gestión.

Por último, anunciaron que se va a modificar la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de dirección de obras y se creará una nueva tasa por autorizaciones y permisos para obras o servicios en las zonas de protección del dominio público viario. Esta última responde a la necesidad de conceder licencia a empresas de telecomunicaciones, que utilizan los caminos de servidumbre para llevar, por ejemplo, fibra óptica a los pueblos. Además de la tasa se cobrará una fianza por posibles desperfectos.