El Ayuntamiento de Fuente Palmera tendrá que abonar a los cuatro propietarios de la empresa Hierros Fuente Palmera SL 127.355,92 euros -más intereses y costas-, en virtud de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas que resuelve un contrato de compraventa de una parcela suscrito el 23 de noviembre del año 2000, cuando gobernaba el socialista Antonio Guisado. El terreno, de 4 hectáreas y situado en la Hacienda de San Antonio, no era propiedad del Ayuntamiento sino de Pedroches SA, del grupo Martínez Barragán, SA.

La sentencia detalla que los compradores entregaron 7 millones de pesetas el día del contrato y sucesivos pagos hasta enero del 2002. Tras varios requerimientos, el Consistorio no cumplió con su teórica obligación de escriturar, interponiendo los empresarios demanda contra el Ayuntamiento ya bajo el mandato de Juan Antonio Fernández (PSOE), procedimiento que terminó con un auto dictado por el Juzgado de Posadas que ponía fin a este contencioso al haberse producido un hecho nuevo, «al haber sido la finca litigiosa adjudicada a favor de la mercantil Hierros Fuente Palmera SL, tras subasta celebrada a instancias de Bankinter SA contra Martínez Barragán SA y otros», señala la sentencia.

Quedaba así acreditado en el auto que el terreno no era municipal. Pero las irregularidades no terminan ahí. Ya en el contrato de compraventa firmado por Guisado afloran las contradicciones, pues indica textualmente que «el Ayuntamiento es propietario de una finca rústica sita en ruedos de Ventilla, parcela que fue adquirida por compra mediante permuta a la empresa Martínez Barragán SA, sin que exista a la fecha escritura pública de esta transmisión». Asimismo, señala que el Consistorio «está interesado en la venta de la indicada finca», pero este asunto no se llevó al Pleno. Por otra parte, en el contrato también se reflejaban una serie de estipulaciones, como que el Consistorio se comprometía a calificar los terrenos como suelo industrial, lo cual no se produjo, y que los compradores se comprometían al pago del 50% de los gastos de urbanización de una calle del polígono Los Fruteros.

En diciembre del 2015 los empresarios demandaron al Ayuntamiento exigiendo la devolución de lo pagado por el contrato del 2000 con intereses. Sobre la sentencia, que no es firme, el Consistorio valora si recurre, ya que de no prosperar causaría aún más daño económico.