El Centro de Interpretación Ambiental del parque periurbano de La Sierrezuela, en Posadas, fue ayer el escenario del encuentro del Consejo de Alcaldes del Valle del Guadalquivir para ratificar un documento de apoyo al sector cítrico. En la reunión, la cuarta que celebra este órgano tras las de Palma del Río, Tocina y Lora del Río (estas dos últimas de Sevilla), participaron representantes políticos de 12 de los 18 municipios integrantes, siete de ellos de la provincia de Sevilla (Alcolea del Río, Brenes, Tocina, Alcalá del Río, Lora del Río, Peñaflor y Carmona) y cinco cordobeses (Almodóvar del Río, Fuente Palmera, Posadas, Palma del Río y Hornachuelos). A ellos se han sumado el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y la Fundación Savia, autora del documento.

El trabajo, en el que han colaborado empresarios, trabajadores y personal de la Administración, no solo refleja las actuaciones irregulares que se están dando en el sector desde el punto de vista laboral y las carencias en la comercialización, sino que recoge una serie de mecanismos para intentar paliar estos problemas. El documento, expuesto por el presidente de Savia, Francisco Casero, señala como básica una estrategia participativa que debe contar con un proyecto de cooperación que impulse y fomente el asociacionismo de los agricultores, que controle el cumplimiento de los convenios colectivos y que apueste por una producción de alimentos naturales a buen precio para el consumidor. Casero destaca la disposición y concepto de unidad de los ayuntamientos y reconoce que en Andalucía «somos líderes en producción y sabemos trabajar el medio natural, pero falta mentalidad y tejido empresariales».

Con su cuarto encuentro, el Consejo de Alcaldes se va consolidando «como instrumento para defender los intereses generales desde el ámbito de las administraciones locales de un territorio tan rico como el Valle del Guadalquivir», apunta el alcalde de Posadas, Emilio Martínez. El primer edil ha recalcado que el documento «tiene carácter abierto y supone un punto de partida para que las administraciones locales sepamos hasta dónde podemos llegar, siempre con la ley en la mano, en el arbitrio de esas situaciones irregulares que hasta ahora no se les está dando respuesta». Martínez señala que otro objetivo es que «se incorporen administraciones superiores para llevar a cabo actuaciones concretas».