Los ayuntamientos del Valle del Guadalquivir recibieron ayer con entusiasmo el anuncio hecho por el diputado en el Congreso Antonio Hurtado de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere retomar la idea de poner en marcha el servicio de cercanías entre Palma del Río y Villa del Río.

Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, que ha canalizado la petición de los ayuntamientos afectados, se señalaba ayer que el estudio realizado en su momento por Ineco, en el que se desaconsejaba extender la línea de cercanías a todo el Valle del Guadalquivir cordobés, «está absolutamente sesgado, es simple e incompleto y en realidad parece hecho ad hoc para justificar la propuesta del metrotren frente al cercanías». Para llegar a esta conclusión se indica que «no se analizan cuestiones tan importantes como la disminución de emisiones de CO2 que supondría la puesta en funcionamiento del servicio, o la importancia que tendría para el desarrollo económico y en especial turístico de la zona y de Córdoba Capital».

En estos mismos aspectos incide la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque, quien ayer emitió un comunicado en el que hace alusión a las conclusiones extraidas desde el GDR sobre «el potencial turístico del Valle del Guadalquivir y no tiene en cuenta el flujo de vehículos que, día tras día, recorren este corredor, por lo que creemos que el Ejecutivo debe tener en cuenta otros muchos aspectos».

Por su parte, recuerda también el GDR que hay otra serie de necesidades que suscitan desplazamientos entre los municipios y de estos con la capital, como son los asuntos sanitarios, administrativos o de trabajo. Añaden que el citado informe de Ineco «no menciona para nada la cantidad de desplazamientos por carretera que se producen diariamente en este eje, algo que está medido y que se le aportó al Ministerio de Fomento en el informe enviado por el GDR».

Desde el GDR se indica que «no se puede estar abanderando la lucha contra el cambio climático y el apoyo al mundo rural, señalando la importancia para ello de frenar el despoblamiento y fijar la población, y cuando llega el momento adoptar medidas concretas, como es el caso, se utilizan solo criterios de rentabilidad económica para intentar justificar su adopción».