Las víctimas tuvieron ayer la palabra ante el jurado popular que, durante la tercera sesión del juicio por extorsión a dos residentes chinos (amenazados de muerte durante meses por parte de unos compatriotas suyos que les demandaban una suma de 10.000 euros) escucharon la declaración de los policías encargados del caso, que describieron la composición del dispositivo que precedió a la detención de la pareja de acusados.
El relato de los sucesos acontecidos entre diciembre del 2012 y el 16 de febrero del 2013, día en que se capturó a los supuestos autores de las llamadas intimidatorias, se centró, un día más, en la conversaciones intervenidas por la policía y su relación con otros dos robos que sufrieron las víctimas, tanto en su domicilio como en el restaurante que regentaban.
Durante el interrogatorio del fiscal a una de las víctimas, esta reconoció al acusado varón como uno de los asaltantes a su domicilio familiar (robo a punta de pistola con el que empezó el caso) aumentando la declaración formulada en la fase de instrucción, a la que sumó, además, otra amenaza de muerte propinada en persona el día de la entrega del dinero.
Días después de este primer robo los afectados acudieron a la policía al recibir la primera llamada de una serie de amenazas telefónicas que fue en aumento, hasta que se vieron obligados a ceder y entregar a los acosadores 10.000 euros el día 16 de febrero del pasado año.
La policía ya había recurrido por aquel entonces a pinchar los terminales de teléfono, unas escuchas que se realizaron desde Madrid en colaboración con la policia judicial de Córdoba, de tal manera que, el día de la entrega del dinero, establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al restaurante que resultó en la detención de dos chinos.
La defensa se sustenta en que, una vez detenidos los supuestos autores de la extorsión, los teléfonos que les requisaron y desde los que se habrían realizados las llamadas no fueron objeto de análisis. El abogado advirtió al jurado de que no existe un informe posterior a la captura en que conste la comprobación de que las llamadas se realizaron desde los móviles que llevaban consigo los acusados.
Con la sesión de hoy el juicio se dará por finalizado a la espera del veredicto del jurado. La fiscalía pide para los detenidos 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas condicionales, mientras la defensa insiste, no solo en la inocencia de los acusados, sino en la inexistencia de pruebas que se sostengan de manera pericial.
